La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Eduardo Jimmy R. A. y Josué Israel Ch. A. Ellos están acusados por tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. La detención se dio en un operativo realizado el 11 de junio de 2025, en una vivienda ubicada en el sector Mucho Lote 2, norte de Guayaquil. El procedimiento lo ejecutaron personal militar del Bloque de Seguridad de las Fuerzas Armadas.
Hallazgo de explosivos en vivienda del norte de Guayaquil
Según el parte informativo, militares ingresaron al inmueble en el marco de un operativo de control. En el interior encontraron a los dos ciudadanos, quienes no opusieron resistencia. Durante el registro, los uniformados hallaron 34 artefactos cilíndricos con envolturas plásticas de color rojo y blanco, un fragmento de mecha lenta, un radio de comunicación tipo “handy” y otros elementos.
Los aprehendidos no pudieron justificar la procedencia ni el destino de los objetos encontrados. Afirmaron que solo fueron contratados para custodiar cajas y cartones almacenados en la vivienda. Tras la detención, fueron llevados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puestos a órdenes de la autoridad competente.
Las evidencias incautadas se ingresaron en cadena de custodia de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Nacional para su análisis técnico.
Fiscalía presentó pruebas ante el juez de flagrancia
En la audiencia de flagrancia, la fiscal del caso presentó varios elementos de convicción. Entre ellos constan el parte informativo de aprehensión, las versiones de los agentes que intervinieron en el operativo y las evidencias físicas recogidas en el inmueble.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los dos procesados. También ordenó su traslado inmediato a un centro de privación de libertad, mientras avanza la investigación.
El plazo para la instrucción fiscal es de treinta días, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Delito grave y penas previstas en el COIP
Este caso se tramita bajo lo dispuesto en el artículo 362 del COIP, que sanciona el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. El primer inciso establece una pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
El Bloque de Seguridad está conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones del Estado. Ellos ejecutan estos operativos en el contexto de los decretos de excepción por grave conmoción interna. El objetivo es desarticular estructuras criminales en distintas provincias del país, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de violencia.
Durante 2025, en Guayaquil se realizaron múltiples operativos que han permitido la incautación de armas, drogas y explosivos. Como parte de los esfuerzos estatales por recuperar el control territorial y frenar el avance de grupos armados ilegales.
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