La decisión del Pleno de la Judicatura implica la remoción inmediata de los ex jueces sentenciados Simón Oswaldo García Tello, Joffre Javier Rivera Rodríguez, Byron Michael Orejuela Giler y Ángel Lindao de sus respectivos cargos. Además, se les prohibió de por vida reincorporarse a cualquier función dentro del sistema judicial ecuatoriano. Esta medida drástica subraya la gravedad de las acusaciones y las posteriores sentencias en contra de los ex funcionarios.
Manipulaban el sistema a cambio de sobornos
El Caso Plaga ha revelado una trama de corrupción profunda en la que individuos, incluyendo funcionarios judiciales, manipulaban el sistema a cambio de sobornos. Las investigaciones han destapado delitos como cohecho agravado, tráfico de influencias, prevaricato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las autoridades ya han sentenciado a 14 personas, incluyendo a uno de los principales líderes, por su participación en esta red, mediante un procedimiento abreviado.
Las investigaciones determinaron que los jueces destituidos abusaron de sus cargos para facilitar la liberación de personas detenidas y emitir fallos judiciales irregulares a cambio de pagos ilícitos. Cada uno de los casos presenta particularidades que evidencian su participación en la red de corrupción.
Jueces sentenciados
Simón Oswaldo García Tello, juez de Paján (Manabí), fue declarado culpable de actuar como coautor en la organización criminal. Se comprobó que utilizó su posición para liberar a miembros del grupo a cambio de dinero. Registros bancarios mostraron transferencias a su círculo cercano por más de USD 30.000 en fechas coincidentes con sus resoluciones favorables a los implicados.
Joffre Javier Rivera Rodríguez, juez de Chone, recibió un depósito de USD 10.000 en su cuenta en 2023 por parte de un abogado que actuaba como intermediario de la red. Este mismo abogado también recibió USD 15.700 de una persona beneficiada por medidas constitucionales emitidas por Rivera, lo que vincula directamente al juez con los actos de corrupción.
Byron Michael Orejuela Giler, juez en Flavio Alfaro, emitió órdenes de liberación a favor de individuos relacionados con la organización delictiva. Se rastreó una transferencia de USD 31.000 desde una de estas personas al abogado que servía de enlace con el juez, evidenciando el esquema de sobornos.
Finalmente, Ángel Lindao recibió depósitos que sumaron USD 32.000 entre 2022 y 2023, incluyendo una transferencia de USD 30.000. Se determinó que liberó a personas procesadas por delitos graves como sicariato, y su cuenta bancaria experimentó un crecimiento inusual asociado a las transferencias vinculadas al caso.
La Judicatura ha reiterado su firme compromiso de erradicar la corrupción dentro del sistema judicial y garantizar la integridad del debido proceso. Estas destituciones son un paso significativo en la lucha contra la impunidad y buscan restaurar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia en el país ante los jueces sentenciados.
