Una mujer con el 66% de discapacidad sufrió una agresión sexual de parte de un tío político; el hombre recibió 22 años de prisión.

José G. fue sentenciado a 22 años de cárcel por violar a una mujer con discapacidad. La Fiscalía informó que la agresión ocurrió hace tres años, en el 2022, en la vivienda que compartía el violador con la víctima, que es su sobrina política. Cuando ocurrió la agresión sexual, la mujer tenía 28 años, y había sido dejada bajo el cuidado y custodia de una tía porque es una persona con discapacidad intelectual del 66 por ciento.

Esto porque la mamá de la mujer emigró a Europa en busca de mejores días. La madre de la víctima se enteró de lo ocurrido el año pasado, 2024, cuando regresó al país y fue a visitar a su hija. Ella le contó que el esposo de su tía la había agredido sexualmente. Con ese testimonio, la madre de la afectada presentó una denuncia en la Policía por el delito de violación.

Luego de ello, la Policía detuvo a José, a quien en una audiencia le dictaron prisión preventiva y lo trasladaron a la cárcel El Rodeo de Portoviejo, donde ha permanecido hasta el juicio.

La audiencia de juicio se hizo esta semana en el Tribunal Penal de Manta. En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía expuso varias pruebas. Entre ellas, el testimonio anticipado de la víctima, que indicó que la noche de lo ocurrido se levantó a tomar sus medicinas. En ese momento fue atacada por su tío político, quien la violó.

Autoridades confirmaron que la mujer con discapacidad sufrió abuso

Ella guardó silencio de lo ocurrido, pero apenas su mamá volvió al país le contó sobre la violación. El testimonio de la víctima fue corroborado con el examen médico y una pericia psicológica practicada a la agredida, dice el informe de la Fiscalía. En la audiencia también se presentó un certificado del Ministerio de Salud Pública que avala el grado de discapacidad de la mujer.

Es por eso que el tribunal, luego de conocer todas la pruebas, declaró culpable del delito de violación a José G. y fue condenado a 22 años de cárcel. Esta es la pena máxima cuando una persona con discapacidad sufre agresión sexual, dijo la Fiscalía.  

En lo que va de este año, es la tercera sentencia por delitos de abuso y violación sexual que ha obtenido la Fiscalía de Manta. De estos casos, dos de la víctimas eran menores de edad, de entre 11 y siete años, y el último caso fue contra una mujer con discapacidad que actualmente tiene 31 años de edad.