Decenas de estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador (UAE) bloquearon la Avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, en una protesta que refleja el malestar acumulado por retrasos académicos y problemas administrativos. Con pancartas que rezaban “Sí a la presencialidad” y “La educación no es un favor”, los manifestantes exigieron el retorno inmediato a clases presenciales. 

Estos pedidos también exigían la destitución de la rectora Tamara Borodulina y nuevas elecciones democráticas en la institución. Según reportes, en redes sociales quemaron llantas y cañas, paralizando el tráfico en una de las principales arterias de la ciudad. La acción, iniciada a las 09:30, buscaba visibilizar las inconformidades que afectan a unos 5,000 estudiantes.

Los docentes también se unieron, denunciando irregularidades en la gestión administrativa. Por su parte, la rectora Tamara Borodulina justificó la modalidad virtual, implementada desde el 26 de mayo, como una medida de seguridad ante supuestas amenazas y actos de vandalismo en el campus.

Reacciones en la Universidad Agraria del Ecuador

Sin embargo, los estudiantes aseguran que esta decisión carece de consenso y agrava los retrasos académicos. “Necesitamos estar en el campo, aprender de forma práctica”, expresó un estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias. Además, denunciaron que la falta de personal administrativo ha retrasado el registro de títulos, afectando a graduados.

El Consejo Universitario, desde abril, solicitó la intervención del Consejo de Educación Superior (CES) para resolver la crisis. La tensión en la Universidad Agraria del Ecuador no es reciente. Desde abril de 2024, cuando Borodulina asumió el rectorado, las denuncias por irregularidades administrativas han sido constantes. Docentes y personal administrativo han señalado contrataciones irregulares.

Estas denuncias incluyen al asesor de la rectora, quien, según una acción formal presentada a la Contraloría, ejerce funciones sin contrato. Asimismo, se reportó la presencia de hombres armados en el campus, lo que generó temores entre la comunidad universitaria. En abril de 2025, el CES conformó una comisión para evaluar estas acusaciones, pero no encontró causales para destituir a Borodulina.

Demanda por clases presenciales

Además, los manifestantes denunciaron el mal uso de recursos, como vehículos institucionales utilizados para actividades no académicas y la reasignación de $2.4 millones originalmente destinados a la construcción de un auditorio. Estas irregularidades, según el Consejo Universitario, han contribuido a la paralización de actividades académicas.

Las clases, previstas para iniciar el 26 de abril, se postergaron un mes debido a la falta de mantenimiento en las aulas y conflictos internos. La rectora afirmó que trabaja para mejorar sueldos y condiciones, pero los estudiantes consideran insuficientes sus respuestas. La imposición de clases virtuales desató el descontento generalizado.

Los estudiantes, especialmente de carreras técnicas como Agronomía, argumentan que la formación virtual limita su aprendizaje práctico. “No podemos estudiar cultivos por Zoom”, señaló un alumno durante la protesta. El Consejo Universitario resolvió el 12 de mayo que las clases debían ser presenciales, pero Borodulina mantuvo su postura, citando riesgos de seguridad.

Impacto en la comunidad universitaria

Por otro lado, la comunidad estudiantil exige elecciones democráticas para renovar autoridades y garantizar transparencia. La gestión de Borodulina, que debería extenderse hasta 2029, enfrenta cuestionamientos por su manejo de la crisis. En abril, los docentes realizaron una huelga de hambre para presionar por su salida, pero el CES no ha tomado medidas definitivas.

Los estudiantes advierten que las protestas continuarán si no se atienden sus demandas. La crisis afecta a unos 5,000 estudiantes y cientos de docentes en las cuatro sedes de la Universidad Agraria del Ecuador.  La falta de claridad sobre el calendario académico genera incertidumbre, especialmente para quienes están próximos a graduarse.

Además, la inseguridad en el campus, denunciada desde abril, persiste como una preocupación. Aunque la rectora desmintió actos de vandalismo recientes, los estudiantes insisten en que la presencia de seguridad armada en el pasado creó un ambiente de intimidación. La contratación de una empresa de seguridad por $132,967 para 300 días, autorizada en abril, no ha disipado estas inquietudes.