El asesinato de un periodista en la provincia de Guayas pone en evidencia la desprotección que enfrentan los comunicadores en el país.
Este hecho, sumado al creciente número de amenazas y agresiones contra quienes ejercen esta labor, resalta la urgencia de activar el mecanismo de protección establecido en la Ley de Comunicación.
Creado en noviembre de 2022, tras las reformas impulsadas por el expresidente Guillermo Lasso, este mecanismo debía ser un pilar para la prevención, protección y asistencia de los periodistas.
No obstante, a dos años de su creación, sigue sin operatividad, debido a la falta de recursos económicos y voluntad política.
«El Estado debe promover investigaciones rigurosas y rápidas”.
La violencia contra los periodistas no solo atenta contra la libertad de expresión, sino también contra la democracia misma.
La falta de celeridad en las investigaciones y la impunidad en la mayoría de los casos mantienen un ambiente de inseguridad que favorece la repetición de los ataques.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las investigaciones se hagan con rigor y rapidez en todos los casos de agresión a periodistas.
Solo así se podrá fortalecer la justicia. Proteger el derecho a la información y evitar que la violencia calle voces que pueden parecer incómodas a cualquier forma de poder.
El compromiso es impostergable. Los crímenes contra periodistas no deben quedar impunes.
Editorial de El Diario: Publicado el 26 de noviembre del 2024 en nuestra edición impresa.
