La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición de Willington Henao Gutiérrez, conocido como ‘Mocho Olmedo’, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, a Estados Unidos, donde es requerido por una corte del distrito de Florida por cargos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La decisión final depende del presidente Gustavo Petro.
Contexto de la extradición
Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, es acusado por las autoridades estadounidenses de liderar operaciones de envío de cocaína a gran escala entre septiembre de 2021 y agosto de 2022.
Según la justicia de Estados Unidos, el cabecilla era copropietario de un laboratorio que procesaba y distribuía droga hacia ese país. Además, se le imputan cargos por actividades relacionadas con el lavado de dinero derivado del narcotráfico.
La Corte colombiana revisó la solicitud de extradición y determinó que cumple con los requisitos constitucionales y legales, al no tratarse de delitos políticos y estar tipificados en el código penal colombiano.
El proceso de extradición, sin embargo, no está concluido. La decisión final recae en el presidente Gustavo Petro, quien debe evaluar si prioriza los compromisos internacionales de Colombia o los avances en las negociaciones de paz con las disidencias.
Este fallo se produce en un momento clave, ya que ‘Mocho Olmedo’ participa como delegado en las conversaciones de paz impulsadas por el gobierno colombiano.
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Negociaciones en Colombia
Frente 33 de las disidencias de las FARC opera principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, una zona marcada por conflictos entre grupos armados, como el ELN, y actividades ilícitas como el narcotráfico.
Desde octubre de 2023, el gobierno de Gustavo Petro ha promovido diálogos con este grupo en el marco de su política de “paz total”. Como parte de estos esfuerzos, Henao Gutiérrez fue designado como vocero del Frente 33, lo que llevó a la suspensión temporal de sus órdenes de captura en Colombia.
Sin embargo, su rol como negociador no lo exime de la solicitud de extradición emitida por Estados Unidos. Esto porque las negociaciones con el Frente 33 se encuentran en una fase preliminar.
El 7 de febrero de 2025, el gobierno firmó una resolución que reconoció a <strong>‘Mocho Olmedo’ como miembro del grupo armado en las mesas de diálogo. Pese a este estatus, su captura el 12 de febrero por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía marcó un punto de inflexión en el caso.
Escándalo por la “casa de seguridad” que tenía en Colombia
Tras su detención, Willington Henao Gutiérrez no fue trasladado de inmediato a la cárcel La Picota en Bogotá, como es habitual para los extraditables. En cambio, permaneció durante 55 días bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un apartamento en el sector de Chapinero, Bogotá.
Este hecho, revelado por la prensa colombiana, generó controversia y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La Corte Suprema de Justicia detectó esta irregularidad durante la revisión del trámite de extradición y exigió explicaciones a la Fiscalía. Según fuentes oficiales, la medida se tomó para proteger al cabecilla debido a su rol en las negociaciones y por amenazas del ELN.
El 8 de abril de 2025, ‘Mocho Olmedo’ fue finalmente trasladado a la cárcel La Picota, donde permanece en el pabellón de extraditables. La situación generó tensiones con Estados Unidos, que expresó incomodidad por el manejo del caso.
Implicaciones internacionales y políticas de Gustavo Petro
La decisión de la Corte Suprema pone en una encrucijada al gobierno de Gustavo Petro. Si el presidente aprueba la extradición, podría generar tensiones con el Frente 33 y afectar los avances en las negociaciones de paz.
Si decide suspenderla, como ocurrió con alias ‘HH’, otro cabecilla disidente, podría incrementar las fricciones con EE.UU. Aquel país observa de cerca los compromisos judiciales de Colombia.
La justicia estadounidense señaló que las actividades de ‘Mocho Olmedo’ tuvieron un impacto en el tráfico internacional de drogas. En Colombia, el caso también ha desatado críticas de sectores políticos.
Organizaciones de derechos humanos también piden claridad en el manejo de los procesos de paz y el respeto a los tratados internacionales.
