La Corte Constitucional (CC) suspendió provisionalmente un plazo crucial en la Ley de Integridad Pública. Esta disposición obligaba a las cooperativas de ahorro y crédito de mayor tamaño a transformarse en bancos. Una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) motivó la drástica decisión. La suspensión provisional detiene la medida mientras el tribunal analiza a profundidad el caso. La decisión llega como un alivio para el sector.

La Corte admitió a trámite la demanda y argumenta que la conversión obligatoria podría ocasionar daños irreparables a la esencia jurídica de estas instituciones. El fallo del tribunal señala que este cambio estructural generaría efectos difíciles de revertir, un aspecto que justifica plenamente la decisión.

Riesgo irreparable a la naturaleza jurídica de las cooperativas

El documento de la Corte destaca la potencial afectación a la naturaleza misma de las cooperativas de ahorro y crédito. El presidente de Asofipse, Edgar Peñaherrera, aclara la lógica del sector.

Las cooperativas, a diferencia de los bancos, carecen de fines de lucro, sus socios son también sus clientes. Así, el sistema financiero privado capta recursos en ciudades pequeñas para moverlos a las grandes. En cambio, las cooperativas operan al revés, dinamizando las economías locales de forma directa.

Peñaherrera insiste en que ninguna cooperativa debe transformarse en banco. El representante del gremio aclara que la oposición no busca eludir el control estatal, solo pide reconocer las particularidades del mercado cooperativo. “Si quieren poner más controles, está bien. Pero hay que entender la lógica del mercado cooperativo, que es distinta a la bancaria“, enfatizó.

Un sector en expansión y vital para la economía

La norma suspendida, añadida durante el segundo debate de la Ley de Integridad Pública, establecía un plazo de 90 días. En ese período, la Junta de Regulación Financiera y Monetaria debía identificar las cooperativas grandes, basándose en su nivel de interconexión o riesgo sistémico, para convertirlas en sociedades anónimas. El reglamento de la ley contemplaba variables como el volumen de activos y su potencial impacto.

Actualmente, Ecuador tiene 393 cooperativas de ahorro y crédito que suman 6,1 millones de socios y gestionan activos cercanos a los $29.000 millones. Este sector creció significativamente en la última década. Provee una opción importante de financiamiento para miles de personas, especialmente en zonas rurales y sectores excluidos de la banca tradicional.

Proteger ahorros vs. proteger al sector cooperativo

Desde el Ejecutivo y el Legislativo, se argumenta que la reforma busca proteger los ahorros de los ciudadanos y preservar la estabilidad del sistema financiero en general. Sin embargo, con esta suspensión temporal, la disposición no podrá aplicarse. Ahora, la Corte Constitucional analizará el fondo de la demanda, un proceso que podría tomar tiempo y definir el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito.