La Ley de Integridad Pública enfrenta una nueva demanda de inconstitucionalidad, luego de que el sector cooperativo rechazara la intención de convertir a las cooperativas en bancos. La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) manifestó su oposición contundente a esta medida que afectaría a miles de socios en el país.

El 4 de julio, Asofipse interpuso la demanda ante la Corte Constitucional contra la Ley, cuyo reglamento se publicó apenas el martes 22 de julio. La problemática gira en torno a la disposición transitoria décimo primera, que ordena a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emitir regulaciones en tres meses para identificar qué cooperativas deberán convertirse en bancos.

Cooperativas exigen claridad ante la Ley de Integridad Pública

André Benavides, abogado de Asofipse, explicó que el plazo para conformar la mencionada junta vence el 26 o 27 de julio de 2027. Esto implica que las cooperativas solo conocerán en diciembre cuáles tendrán que cambiar su figura legal. Esta incertidumbre genera preocupación en el sector sobre la implementación y sus posibles consecuencias.

Benavides aclaró que el gremio no rechaza toda la Ley de Integridad Pública, ya que contiene “importantes medidas relacionadas con la seguridad del país”. Sin embargo, solicitaron a la Corte Constitucional que suspenda de forma cautelar la disposición transitoria para evitar que se ejecute hasta que exista un fallo definitivo.

Inquietudes por la transformación obligatoria

Juan Pablo Guerra, director de Asofipse, manifestó la preocupación del sector porque no se han detallado los requisitos, procesos ni sanciones en caso de incumplimiento. “No se puede obligar a los más de seis millones de socios que eligieron ser parte del sistema popular y solidario, a pasar a un sistema al que no quieren pertenecer”, sostuvo.

Guerra añadió que bajo la misma lógica, se podría forzar a un banco a convertirse en cooperativa, demostrando la arbitrariedad de la medida. Además, advirtió que transformar una cooperativa en banco destruiría pilares fundamentales de su esencia, particularmente el de la democracia participativa, en el que cada socio tiene igual valor sin importar su inversión económica.

Defensa del sistema financiero popular y solidario

Asofipse argumentó ante la Corte Constitucional que la disposición transitoria viola la Constitución, la cual garantiza la existencia de un sistema financiero popular y solidario con identidad y normativas propias. La demanda solicita que se respete este marco constitucional y se eviten cambios que pongan en riesgo la naturaleza y funcionamiento del sector cooperativo.

Cabe destacar que las cooperativas agrupadas bajo Asofipse representan un sistema con más de seis millones de socios y activos superiores a $19 mil millones. Por ello, la urgencia de un canal formal de diálogo con el Gobierno para exponer la realidad del sistema y buscar soluciones consensuadas resulta imprescindible.

Impacto y futuro de las cooperativas en Ecuador

La Ley de Integridad Pública pretende que ciertas cooperativas se transformen en sociedades anónimas reguladas por la Superintendencia de Bancos. Las cooperativas han denunciado que esta medida afecta no solo a la estructura jurídica, sino también al control democrático sobre el sistema.

La disposición transitoria obliga a la creación de una junta que debe definir cuáles entidades pasarán a la categoría de bancos bajo regulación estricta.