La Contraloría General del Estado inició auditorías exhaustivas a las declaraciones patrimoniales de 110 jueces y fiscales en cinco provincias de Ecuador.

Estos controles buscan detectar irregularidades en los patrimonios de los funcionarios judiciales. El contralor general, Mauricio Torres, informó que más del 50% de los informes emitidos revelan indicios de responsabilidad penal.

Jueces y fiscales de Ecuador: detalle de las irregularidades detectadas

De los 110 exámenes especiales aprobados, 59 funcionarios, incluidos 57 jueces y 2 fiscales, presentan inconsistencias relevantes. Las irregularidades incluyen depósitos en efectivo sin justificación, compras al contado de bienes inmuebles y vehículos, además de diferencias no justificadas entre activos y pasivos.

El contralor Mauricio Torres indicó que los señalados no han podido justificar cómo obtuvieron recursos que superan los $500.000, un millón y hasta dos millones de dólares.

La Contraloría solicita a los funcionarios con hallazgos patrimoniales una justificación detallada del aumento en su patrimonio. Sin embargo, si no se logra sustentar esos incrementos, se formula un informe con indicios de responsabilidad penal. Este informe se remite a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe un delito, mientras el funcionario puede continuar en sus funciones hasta la conclusión del proceso legal.

El trabajo de auditoría se ha concentrado mayormente en el Consejo de la Judicatura, con 108 auditorías realizadas y 57 informes con indicios penales. En la Fiscalía General se emitieron dos informes similares. Actualmente, la Contraloría mantiene en ejecución 60 acciones de control y prevé iniciar siete exámenes adicionales en el segundo semestre de 2025. Las auditorías abarcan servidores judiciales de provincias como Azuay, Guayas, Pichincha, entre otras.

Nuevas áreas bajo control: notarías y autoridades

El contralor Mauricio Torres anunció también que la revisión patrimonial se extenderá próximamente a las notarías del país. Además, se auditan las declaraciones patrimoniales de autoridades, como alcaldes, prefectos y concejales. Esta ampliación busca evaluar con mayor amplitud la gestión y situación patrimonial en diferentes dependencias públicas, bajo el mandato de la Contraloría.

Con esta estrategia, la Contraloría General del Estado intensifica el control patrimonial para mejorar la transparencia y prevenir actos de corrupción dentro del sistema judicial y otras entidades públicas en Ecuador.