La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional de Ecuador tramita trece reformas al Código de la Democracia, como parte de un plan de trabajo priorizado para el actual período legislativo. Estas modificaciones buscan actualizar la normativa electoral para fortalecer la democracia y adaptarla a la realidad del país, según informó Rosa Torres, presidenta de la comisión en una entrevista a un medio nacional. Además, se gestionan reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en un esfuerzo por atender las necesidades legislativas actuales.
El plan de trabajo, aprobado el 3 de junio de 2025, incluye el análisis de cinco propuestas al COFJ, 73 al COIP y cinco al COGEP, además de las reformas al Código de la Democracia. Torres, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), destacó que estas iniciativas responden a la coyuntura nacional y buscan generar confianza en el sistema judicial y electoral. La Comisión de Justicia, bajo su liderazgo, enfrenta una carga procesal elevada, con 246 proyectos de ley heredados de la gestión anterior. 111 fueron reportados como culminados, aunque sin claridad sobre su estado.
Reformas al Código de la Democracia
Entre las propuestas al Código de la Democracia, destaca el debate sobre el cambio del método de asignación de escaños, pasando del actual método Webster al D’Hondt, utilizado hasta 2021. El método Webster, favorece a las minorías al dividir los votos entre números impares. El D’Hondt beneficia a las organizaciones con mayor apoyo, permitiendo elegir candidatos de distintas listas. Torres señaló que esta propuesta, impulsada principalmente por sectores vinculados al correísmo, será evaluada según su pertinencia y utilidad para consolidar una democracia sólida.
Asimismo, se analizan reformas relacionadas con los requisitos para la inscripción de partidos y movimientos políticos. Además de capacitaciones para ecuatorianos en el exterior que participen en procesos electorales y la regulación de los pronósticos electorales. Sobre este último punto, Torres enfatizó la necesidad de filtrar encuestas provenientes de fuentes no fidedignas, ya que pueden manipular la percepción del electorado. La Comisión planea socializar estas propuestas con firmas encuestadoras y actores internacionales para fortalecer la normativa.
Desafíos legislativos de la Comisión
La Comisión de Justicia enfrenta retos significativos, heredados de la gestión anterior presidida por Fernando Cedeño, de la Revolución Ciudadana. Torres criticó la falta de claridad en el estado de los proyectos legislativos y la acumulación de iniciativas sin resolver.
En el ámbito del COFJ, las reformas buscan diagnosticar problemas estructurales, como la falta de jueces y la detención de concursos para designar autoridades. Además, establecer procesos disciplinarios más estrictos. En el COIP, se evalúa aumentar penas para ciertos delitos, regular medidas sustitutivas y crear nuevas tipologías penales en respuesta al conflicto armado interno. Estas iniciativas reflejan la urgencia de alinear la legislación con la realidad nacional, marcada por un índice de criminalidad del 40,27% por cada 100 mil habitantes. Provincias como Los Ríos son las más afectadas, según datos recientes.
Torres subrayó que las reformas se desarrollarán con transparencia, incluyendo la participación de actores involucrados y observadores internacionales. La Comisión busca recuperar la confianza ciudadana en la Asamblea Nacional, priorizando proyectos que respondan a las necesidades de los ecuatorianos.