La Comisión del Derecho al Trabajo aprobó este jueves el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Garantizar los Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad, Enfermedades Raras, Huérfanas, Catastróficas y de Alta Complejidad y sus Sustitutos. Esta decisión refuerza la estabilidad laboral de estos grupos vulnerables tanto en el sector público como privado en Ecuador.
Derechos laborales
La comisión se allanó a los 16 textos sugeridos por el colegislador. Consideraron que estas modificaciones mejoran formal y materialmente el contenido del proyecto. La iniciativa busca proteger los derechos de este grupo poblacional. El enfoque es la protección de su estabilidad en el ámbito laboral.
La nueva normativa establece que los nombramientos provisionales otorgados a personas con discapacidad no podrán ser cesados. Incluye a quienes tienen enfermedades catastróficas, raras, huérfanas o de alta complejidad y sus sustitutos. También aplica a mujeres embarazadas, con permiso de maternidad o lactancia. Estos nombramientos tendrán vigencia hasta la reincorporación del titular.
Protección reforzada para servidores públicos
El servidor público con discapacidad o enfermedades graves tendrá derecho a licencias médicas remuneradas. El tiempo necesario para su tratamiento estará cubierto. Estas licencias no afectarán su remuneración ni vacaciones. La certificación médica correspondiente valida estas ausencias.
Además, los servidores públicos con discapacidad residentes en Galápagos o pacientes con estas enfermedades, y sus sustitutos, recibirán licencias médicas con goce de sueldo. Esto aplica para recibir tratamiento en el continente. Se garantiza su reintegro automático al puesto de trabajo.
Debate y aprobación del informe
El secretario de la Comisión, Diego Cedeño, expuso el informe no vinculante. Presentó una tabla comparativa del veto de la Presidencia de la República. Se contrastó con el texto elaborado por la comisión.
Legisladores como Roberto Cuero, Humberto Alvarado, Fernando De la Torre y Juan Pablo Molina manifestaron su postura. Consideraron el veto del Ejecutivo discriminatorio. Afirmaron que vulnera derechos de personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Enfatizaron la necesidad de avanzar en la garantía de estos derechos.
El presidente de la Comisión, Eckenner Recalde, afirmó que el análisis del veto fue responsable. Se basó en sustento técnico y jurídico. El asambleísta Christopher Jaramillo mocionó la aprobación. El informe fue aprobado con seis votos.
