En Playita Mía, parroquia Tarqui en Manta, los comerciantes denuncian irregularidades en un operativo que decomisó 15 toneladas de aletas de tiburón. Según ellos, la Fiscalía vulneró el debido proceso durante el allanamiento ejecutado en tres bodegas del barrio La Pradera. Por ello, exigen claridad y justicia.
En el procedimiento, la Policía detuvo a dos hombres. Uno recuperó su libertad tras un informe de la Subsecretaría de Pesca, pero el otro permanece bajo custodia porque encontraron caballitos de mar en su poder. A este último lo acusan de tráfico de flora y fauna silvestre.
Jorge Chiriboga, asesor jurídico de la Asociación 5 de Mayo, califica el operativo como un atropello a la seguridad jurídica. En primer lugar, critica que el fiscal Oswaldo Torres, de la Fiscalía de Ambiente de Quito, lideró la acción con más de 80 policías y militares. Asegura que el procedimiento ignoró el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.
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Investigación inició meses atrás
Además, destaca Chiriboga que las autoridades actuaron meses después de iniciar una investigación el 9 de septiembre de 2024, lo que generó indignación entre los procesadores de aletas. Por esta razón, los comerciantes consideran que la demora y la forma de intervenir reflejan una intención de perjudicarlos.
Chiriboga defiende la legalidad de las aletas decomisadas. Explica que provienen de tiburones martillo capturados por lanchas pesqueras que cumplen todas las normativas. Asimismo, subraya que ninguna planta en Manta almacena aletas de especies protegidas, como el tiburón peregrino, blanco, ballena o pez sierra.
Por el contrario, las empresas de Manta, operan con acuerdos ministeriales, contribuyen al fisco y emiten facturas. En este sentido, detalla que exportar aletas requiere múltiples trámites, desde permisos hasta certificaciones, lo que desmiente la idea de que basta con secarlas y enviarlas al extranjero.
En allanamientos se encontró caballitos de mar
El operativo también genera críticas por su ejecución. Chiriboga relata que las autoridades irrumpieron con violencia, rompiendo puertas sin intentar un ingreso pacífico. Como consecuencia, los trabajadores se sintieron tratados como delincuentes, a pesar de operar dentro de la legalidad. Además, cuestiona las declaraciones de un oficial que afirmó que el kilo de aleta cuesta entre 1.000 y 1.800 dólares. Para desmentirlo, Chiriboga desafía al oficial a venderlas a 100 dólares, argumentando que estas afirmaciones exageradas dañan la imagen del comercio legal.
Otro punto de controversia es la detención por los caballitos de mar. Chiriboga señala que la procedencia de este producto aún no está clara, pero insiste en que no justifica el trato recibido. Por otro lado, acusa a las autoridades ambientales y a quienes presentaron la denuncia de cometer un fraude procesal al activar el sistema judicial sin pruebas sólidas. En consecuencia, los comerciantes planean una defensa activa para demostrar lo que consideran un abuso de poder.
El contexto normativo agrava la situación. Desde hace dos años, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) impone restricciones que prohíben exportar aletas de tiburones rabón, amargo, mico y tinto, pero permiten el comercio del tiburón azul. Por esta razón, las empresas de Manta han acumulado grandes reservas de producto, todas registradas.
Proceso judicial avanza en Manta
Chiriboga destaca que Ecuador es el único país entre los 198 registrados por la ONU que documenta con precisión las capturas y defunciones de tiburones. En contraste, compara la situación con España, donde capturan 7.5 millones de tiburones al año sin enfrentar las trabas que padecen en Ecuador.
Mientras tanto, el proceso judicial avanza. La investigación pasó de ser previa a una instrucción fiscal. Una persona permanece detenida, y otras enfrentan órdenes de captura que los afectados buscan anular. Por esta razón, Chiriboga critica la decisión de enviar un fiscal de Quito en lugar de uno local, interpretándolo como una acción parcializada. En respuesta, los comerciantes anuncian que ejercerán todos los recursos legales para revertir lo que consideran una injusticia.
En conclusión, los procesadores de aletas de tiburón en Playita Mía de Manta enfrentan un panorama complejo. Por un lado, defienden la legalidad de su actividad y la rigurosidad de sus procesos. Por otro lado, denuncian un operativo que consideran desproporcionado y mal ejecutado. Con una defensa activa en marcha, buscan no solo proteger su actividad económica, sino también su derecho a un trato justo.
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