Manta, Ecuador. Entre 2024 y 2025, la Policía Nacional ha intensificado su estrategia de uso progresivo de la fuerza para frenar la escalada de homicidios y delitos en Manta, una de las ciudades más violentas del país, donde enfrentamientos armados y abatidos reflejan la magnitud del crimen organizado vinculado al narcotráfico.
Uso de la fuerza: una respuesta ante ataques armados
El 22 de octubre de 2024, en el sector El Palmar, la Policía abatió a dos presuntos delincuentes tras una persecución y enfrentamiento. Los sujetos, un menor de 16 años y un adulto de 29, habían asaltado un local comercial y dispararon contra los uniformados, quienes repelieron el ataque.
La institución justificó el operativo como parte de su legítima defensa, respaldada en protocolos de uso progresivo de la fuerza, que permiten a los agentes responder con armas de fuego cuando su vida o la de terceros está en peligro.
Ese mismo día, la ciudad reportó tres sicariatos, evidenciando el nivel de violencia que enfrenta la población y la presión sobre las unidades policiales en territorio.
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Montecristi y Jipijapa: operativos recientes
El 3 de junio de 2025, en Montecristi, dos sospechosos fueron neutralizados. Esto tras una persecución originada por el asesinato de Heiner Zambrano, de 29 años, quien recibió 15 disparos en plena vía pública. Los agresores abrieron fuego contra los uniformados y fueron heridos de bala; un tercer implicado escapó.
Días después, el 9 de junio, en Jipijapa, la Policía ejecutó un operativo contra extorsiones tras denuncias de ataques armados a viviendas y negocios. Un antisocial identificado como Shuver L., de 19 años, murió tras enfrentarse con los agentes. El cuerpo fue retirado por habitantes del sector, cuyo paradero es incierto.
Zonas conflictivas bajo intervención policial
En El Florón, Portoviejo, el 6 de junio de 2025, se reportaron enfrentamientos durante allanamientos. Este trabajo fue contra el grupo delictivo Los Lobos, uno de los más activos en la provincia.
El 19 de junio, en Manta, un operativo derivó en un nuevo cruce de disparos entre uniformados y delincuentes, destacando la peligrosidad de los procedimientos en sectores dominados por el crimen organizado.
Adicionalmente, el 13 de mayo, en la vía Portoviejo-Santa Ana, se produjo una persecución que terminó con tres detenidos y un policía herido tras un robo de vehículo.
Contexto de violencia en Manabí
Manta, Montecristi y Jaramijó conforman el distrito más violento de Manabí, provincia que registró la segunda tasa más alta de homicidios en Ecuador en 2025. La ubicación portuaria convierte a la ciudad en un punto estratégico para redes de narcotráfico y crimen organizado.
Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2024, 76 presuntos delincuentes y terroristas fueron abatidos en Manabí. En lo que va de 2025, los enfrentamientos armados continúan siendo frecuentes, reflejando una política de tolerancia cero frente a la delincuencia armada.
Autoridades defienden uso legítimo de la fuerza
Renán Miller, comandante de la Policía en la zona cuatro (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas), afirmó que los operativos están sustentados en protocolos internacionales. Él isniste en la urgencia de proteger la vida de policías y ciudadanos.
“El actuar nuestro está respaldado bajo el uso legítimo de la fuerza. Cuando estos antisociales responden con armas de fuego, el policía tiene derecho a defenderse”, enfatizó Miller.
Además, la institución trabaja con unidades de inteligencia e investigación para ubicar a cabecillas de bandas criminales. Tanto en las áreas rurales y urbanas. En estos sectores, la extorsión y los sicariatos afectan gravemente la tranquilidad de la población.
Debate sobre la actuación policial
Aunque la Policía sostiene que la fuerza letal se aplica solo en defensa propia, organismos de derechos humanos han señalado la necesidad de reforzar la capacitación en uso progresivo de la fuerza. Para así evitar abusos o ejecuciones extrajudiciales.
Hasta ahora, la mayoría de los casos no ha derivado en procesos judiciales contra agentes. Según expertos en seguridad, refleja respaldo institucional a la estrategia actual, pero también plantea desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
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