El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles 15 de abril la reglamentación de la ley de eutanasia, aprobada por el Senado en octubre de 2025, con el objetivo de garantizar el derecho a una muerte digna en casos de enfermedades terminales.
La normativa establece requisitos estrictos para acceder al procedimiento, dirigido a personas mayores de edad con padecimientos irreversibles y sufrimiento considerado insoportable.
La nueva legislación regula el proceso de muerte médicamente asistida en el país sudamericano, tras meses de debate parlamentario y social. En ese contexto, Orsi señaló que la decisión se tomó luego de un "proceso largo de reflexión y escucha", destacando que la dignidad humana debe guiar este tipo de resoluciones. Además, recordó que previamente se reforzaron los cuidados paliativos como parte del abordaje integral al final de la vida.
El texto aprobado por el Senado —con 20 votos favorables— establece que podrán solicitar la eutanasia personas adultas, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles en fase terminal. Asimismo, se exige que dichas condiciones generen sufrimiento persistente y un deterioro significativo en la calidad de vida.
Procedimiento y requisitos
Para acceder a este derecho, el paciente deberá presentar una solicitud formal ante un médico, la cual debe quedar registrada por escrito. En caso de imposibilidad física para firmar, otra persona mayor de edad podrá hacerlo en su nombre, siempre en presencia del profesional de salud.
Posteriormente, el médico tratante está obligado a informar sobre alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificar que la decisión sea libre y consciente.
Luego de esta primera evaluación, un segundo médico deberá emitir su criterio independiente. Si ambos coinciden en que se cumplen los requisitos establecidos, el paciente deberá ratificar su voluntad mediante una nueva declaración escrita ante dos testigos, quienes no podrán beneficiarse económicamente tras su fallecimiento.
Garantías y disposiciones legales
La normativa también contempla la objeción de conciencia para el personal sanitario. En estos casos, las instituciones de salud de Uruguay deberán designar a otros profesionales que aseguren la prestación del servicio. A su vez, la ley establece que los médicos y equipos asistenciales que actúen conforme a los procedimientos no enfrentarán responsabilidades penales ni civiles.
Con esta decisión, Uruguay se suma a otros países que han regulado la eutanasia bajo marcos legales específicos. El avance se produce en un escenario regional donde el debate sobre el derecho a una muerte digna continúa generando posiciones diversas tanto en el ámbito político como en la sociedad.
