Tras la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dispone la cancelación definitiva de su registro, la agrupación política Unidad Popular ha anunciado una estrategia jurídica agresiva para revertir la medida. Su presidente, Geovanni Atarihuana, rechazó de manera inmediata el dictamen del organismo electoral, calificándolo como un "fraude y una vergüenza nacional", al tiempo que acusó a los miembros de la entidad de actuar bajo directrices del Gobierno central.

El dirigente político argumentó que la resolución que elimina a su partido fue ejecutada fuera de los tiempos legales y carece de sustentos técnicos. A juicio de la organización, la decisión tomada por el CNE viola el debido proceso, la normativa legal vigente y las disposiciones de la Constitución ecuatoriana, motivos por los cuales Atarihuana sostiene que la resolución es totalmente nula y carece de validez jurídica.

Ruta legal y defensa internacional

Para intentar revertir esta situación, el liderazgo de Unidad Popular ha delineado una hoja de ruta que escala la disputa fuera de las fronteras nacionales. La organización ha confirmado que presentará recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), buscará amparo en la Corte Constitucional y elevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de que se vulneran sus derechos de participación política.

La dirigencia ha subrayado que mantendrá la defensa de su derecho a participar en la contienda electoral en todos los escenarios posibles. Esta escalada de tensiones llega en un momento crítico, debido a que la decisión del CNE se produce a escasos 217 días de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, lo que genera una presión extrema sobre los plazos procesales para resolver estas disputas antes de la jornada de votación.

Movilizaciones y tensión institucional

En paralelo a la estrategia judicial, Unidad Popular ha convocado a sus bases para las próximas horas. El presidente de la agrupación anunció que este lunes se llevará a cabo una rueda de prensa donde se detallarán las acciones legales adicionales y el calendario de próximas movilizaciones que la militancia emprenderá en las calles como medida de protesta ante lo que consideran un atropello a la democracia.

Este escenario de conflicto se suma al contexto de incertidumbre que rodea al actual proceso electoral, marcado por cuestionamientos legales y tensiones entre el organismo rector y varias organizaciones políticas. La respuesta de Unidad Popular no solo busca la restitución de su vida jurídica, sino que también pretende poner a prueba la independencia del sistema de justicia electoral frente a la cercanía del cronograma de los comicios de noviembre. La disputa promete agudizar la tensión institucional en el país durante las semanas venideras.