La Cooperativa de Transportes Zaracay informó que el transporte interprovincial en Santo Domingo opera a pérdida debido al diésel a $2,96, menor demanda y compensaciones insuficientes.

Un sistema que ya no cubre sus costos

El sector del transporte interprovincial enfrenta una presión sostenida en sus costos operativos, con un impacto directo en la rentabilidad de las unidades, que dependen casi por completo del precio del combustible y del flujo de pasajeros para mantenerse activas en rutas clave del país.

Según la información presentada, una unidad que consume 1.700 galones mensuales registra un gasto aproximado de $5.032 en combustible, una cifra que supera los ingresos cuando la demanda cae.

Además, el gremio del transporte interprovincial reporta una reducción del 30% en pasajeros, lo que impide cubrir costos básicos como diésel y financiamiento, dejando sin recursos el mantenimiento preventivo.

Tarifas reguladas e inseguridad limitan la operación

El sistema tarifario vigente añade presión al sector. Los transportistas deben aplicar un 50% de descuento a sectores vulnerables, un valor que no reciben de forma directa ni inmediata por parte del Estado.

Esta obligación genera un desfase en los ingresos, ya que el subsidio no se compensa en tiempo real, lo que afecta la liquidez de las cooperativas y reduce su capacidad operativa en el corto plazo.

Por otro lado, la informalidad capta pasajeros al operar sin cumplir requisitos como seguros o frecuencias, mientras el transporte formal mantiene sus obligaciones legales.

Impacto de la inseguridad en la demanda

El contexto de seguridad también influye en la caída de usuarios. Las rutas desde Santo Domingo hacia Quevedo y Alóag registran eventos delictivos y restricciones como toques de queda, lo que reduce la movilidad de pasajeros, según José Luis Uriarte, presidente de Cooperativa de Transportes Zaracay.

Este escenario afecta la confianza del usuario, que evita viajar en horarios o trayectos considerados de riesgo, lo que disminuye aún más la demanda en rutas del transporte interprovincial.

La combinación de menos pasajeros y mayores costos agrava la situación financiera del sector, que depende de un equilibrio constante entre ingresos y gastos para operar.

Compensaciones estatales no cubren el impacto

El Gobierno extendió el Decreto 352 hasta abril de 2026, con compensaciones entre $1.200 y $1.800, pero el sector señala que estos montos no cubren el incremento real en costos.

De acuerdo con los datos, el gasto adicional en combustible supera los $3.000 mensuales, por lo que la ayuda estatal apenas cubre una parte del impacto económico.

Además, el encarecimiento de repuestos y llantas incrementa la presión sobre los costos operativos, lo que limita aún más la sostenibilidad del servicio.

Advertencia de paralización técnica

Ante este escenario, los gremios analizan medidas operativas. "Apagar motores" surge como una alternativa técnica ante la falta de recursos para continuar con las operaciones diarias.

"No como protesta política, sino porque no hay dinero para el combustible del día siguiente", señala el documento presentado por el sector.

También solicitan que el subsidio de $1,60 por galón se aplique directamente en las estaciones de servicio, con el fin de evitar retrasos en transferencias.

Riesgo de quiebra en el transporte regulado

El sector advierte que sin ajustes en tarifas o subsidios, el sistema enfrenta una posible quiebra técnica, lo que afectaría la conectividad interprovincial.

"Sin un techo tarifario revisado o una focalización eficiente, el transporte regulado está siendo empujado a la quiebra técnica", señala el pronunciamiento.

Exponen que mesas de diálogo con la Agencia Nacional de Tránsito serían clave para definir medidas que permitan sostener el servicio en el corto plazo.