Una clínica de rehabilitación clandestina fue descubierta en el sector Marialuisa Tercera Etapa, del cantón Pedernales, en Manabí, durante un operativo militar.
Según se informó, el hallazgo se produjo cuando los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes de una vivienda. Al acudir al lugar, constataron que se trataba de un centro no autorizado que operaba sin la documentación reglamentaria y en el que varias personas permanecían retenidas en contra de su voluntad.
Personas halladas en clínica tenían huellas de tortura
De acuerdo a la información de las Fuerzas Armadas, se rescató a siete personas del lugar, donde aparentemente sufrían de violencia física y psicológica. «Algunas víctimas presentaban signos visibles de tortura en distintas partes del cuerpo. En total, fueron rescatadas siete personas: cuatro hombres y tres mujeres», se detalló.
Cabe destacar que la intervención también dejó a cinco personas detenidas, incluida una mujer, Los detenidos responden a los nombres de Mauricio Edu O. B., Víctor Hugo Z. N., Manuel Roberto M. G., Elías Andrés Q. M. y Diana Cecilia S. M.
El caso se investiga bajo el delito de tortura
«Tanto las víctimas como los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, bajo la presunción del delito de tortura«, se agregó.
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, el delito de tortura se define en el artículo 151. Consiste en infligir o ordenar infligir grave dolor o sufrimiento físico o psíquico. O someter a una persona a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental.
La pena privativa de libertad para este delito es de siete a diez años, que puede aumentarse en ciertos casos, como cuando se comete con conocimientos técnicos, por un funcionario público o con la intención de alterar la identidad de género u orientación sexual.
Otro caso en Portoviejo
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) clausuró una supuesta clínica clandestina que ofrecía tratamiento para adicciones, luego de una alerta ciudadana generada por un incendio en Portoviejo, provincia de Manabí.
El siniestro, aparentemente provocado por un cortocircuito, «puso en evidencia las precarias condiciones del establecimiento», según ACESS. Además, según la entidad, este no contaba con permiso de funcionamiento. En un boletín de prensa, la entidad agregó que tampoco contaba con el licenciamiento exigido por la ACESS para operar como centro de salud.
Durante la inspección, el equipo técnico detectó además la inexistencia de un plan terapéutico, reglamento interno, y documentación que respalde su legalidad. Según el reporte de la entidad reguladora, en el lugar se halló a doce hombres adultos viviendo en condiciones de hacinamiento. También amplió que no contaban con atención profesional especializada para el tratamiento de adicciones. La infraestructura también presentaba daños importantes tras el incendio, según ACESS.
