Sugieren a la Asamblea de Ecuador remitir al Constitucional veto al aborto



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La Comisión legislativa de Justicia y Estructura del Estado resolvió este lunes recomendar al pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) remitir a la Corte Constitucional el veto parcial que hizo el presidente Guillermo Lasso a la ley del aborto por violación.

Con ocho votos a favor y uno en contra, esa Comisión aprobó un informe no vinculante a la objeción parcial del gobernante al proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación.

El documento aprobado señala que el mandatario debía aplicar el artículo 139 de la Constitución y remitir sus observaciones a la Corte Constitucional, por lo que recomendó a la Asamblea “que se remita el trámite y que se suspendan los plazos para que no aplique el ministerio de la ley”, según indicó el Parlamento en redes.

El pasado 16 de marzo, el presidente vetó de forma parcial la ley aprobada en la Asamblea Nacional que regula el aborto por violación y encendió las alertas en los grupos feministas que ya consideraban insuficiente la norma y estudian respuestas legales.

Lasso anunció su decisión de incluir 61 “textos alternativos” a la normativa discutida en el Legislativo, al considerar que esta, supuestamente, no concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en casos de violación en 2021.

El gobernante, de tendencia conservadora, ratificó su intención de respetar las funciones del Estado y someterse a los postulados expresados por la máxima instancia judicial.

Entre las sugerencias de Lasso figuran que se unifique el plazo de 12 semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.

Asimismo propuso “requisitos” para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.

Y recomendó respetar las posibles objeciones de conciencia que pueda presentar el personal médico para atender este tipo de casos. EFE