Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia será el encargado de juzgar a siete personas procesadas por el delito de asociación ilícita dentro del denominado caso Ligados, una investigación que examina posibles irregularidades en decisiones judiciales.
La resolución fue emitida por la jueza nacional Daniella Camacho, quien dispuso el llamamiento a juicio tras considerar que existen indicios suficientes, consistentes y fundamentados sobre la presunta participación de los implicados. La decisión se adoptó luego de evaluar los elementos recabados durante la etapa de instrucción fiscal.
Procesados y medidas cautelares
Entre los procesados figuran Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y la exasambleísta Esther Cuesta, ambos con medida de prisión preventiva vigente. Según el expediente, estas disposiciones se mantienen por el riesgo procesal identificado durante el avance del caso.
En contraste, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz, Andrés Arauz y Raúl González cumplen medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente.
Reacciones tras la decisión judicial
Luego de conocerse el fallo, al menos tres de los procesados se pronunciaron públicamente a través de redes sociales. En sus mensajes, cuestionaron la decisión adoptada por la magistrada y señalaron presuntas irregularidades en el proceso, incluyendo supuesta falta de imparcialidad.
No obstante, la disposición judicial establece que será en la etapa de juicio donde se analicen de manera integral las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de las defensas, en un proceso que deberá desarrollarse conforme a las garantías del debido proceso.
Antecedentes del caso
El caso Ligados se originó a partir de una investigación que indaga una posible simulación y usurpación de funciones en el ámbito judicial, relacionada con decisiones adoptadas en instancias públicas. La Fiscalía sostiene que existiría una estructura coordinada para influir en resoluciones institucionales, hipótesis que deberá ser probada durante el juicio.
Este proceso se suma a otros casos recientes que examinan el funcionamiento de organismos de control en Ecuador, en medio de un contexto de mayor escrutinio sobre la transparencia en la gestión pública.
