La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció este martes 8 de julio la separación inmediata del asambleísta Joseph Díaz Asque, acusado de presunta violación a una niña en el sector de Iñaquito, Quito. La decisión responde a una denuncia presentada el 7 de julio ante la Fiscalía, que se viralizó en redes sociales, y busca garantizar la protección de la víctima mientras se desarrolla la investigación, detalló Primicias.

La Revolución Ciudadana comunicó que Díaz, quien ocupaba una curul en la Asamblea Nacional, fue expulsado tanto de su escaño como del movimiento político. “Frente a la sola sospecha de un acto tan monstruoso, no hay espacio a la indiferencia. Siempre estaremos del lado de las víctimas, jamás encubriremos ni protegeremos a un agresor”, afirmó la bancada en un comunicado oficial. La medida se adoptó en cumplimiento del régimen disciplinario interno del partido, a la espera de una investigación “justa y ecuánime” por parte de la Fiscalía, que maneja el caso de forma reservada.

Joseph Díaz era alterno de Priscila Schettini

Joseph Díaz fue elegido como asambleísta alterno de Priscila Schettini, quien fue inhabilitada por una infracción electoral, lo que permitió ser principal en la Asamblea. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, Díaz no se pronunció en redes sociales. Tampoco emitió algún comunicado sobre las acusaciones en su contra. Asimismo, la Fiscalía no ha proporcionado detalles adicionales debido al carácter reservado de las investigaciones de este tipo.

La RC subrayó su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas, especialmente de menores, y destacó que la integridad de la niña y su familia está por encima de cualquier consideración política. “La separación de Díaz es una mínima muestra de coherencia con nuestros principios”, señaló el movimiento. Asimismo, instó a las autoridades a esclarecer los hechos con celeridad y transparencia.

Otros detalles del caso

La viralización de la denuncia contra Díaz en redes sociales, particularmente en X, generó una rápida reacción ciudadana. Por ello, los usuarios exigen justicia ante este posible caso y cuestionan la idoneidad de figuras públicas en cargos de representación. La Fiscalía, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), prioriza la reserva en casos de violencia sexual para proteger a las víctimas, lo que limita la información pública disponible.

La separación de Díaz marca un precedente en la política ecuatoriana, donde los partidos enfrentan presión para responder ante acusaciones graves contra sus miembros. En el RC, que cuenta con una de las bancadas más numerosas en la Asamblea, enfrenta ahora el desafío de mantener su credibilidad en un contexto de creciente escrutinio público. Mientras tanto, la investigación en curso determinará si las acusaciones contra Díaz derivan en cargos formales, en un caso que ha captado la atención nacional. (23)