La Asamblea Nacional debatió en primera instancia un proyecto de ley calificado como económico urgente, enfocado en desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. La propuesta, remitida por el Ejecutivo, busca fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado mediante reformas penales y medidas económicas. Con la participación de 18 asambleístas, el pleno analizó el informe inicial, destacando posturas diversas de las bancadas. Mientras la Comisión de Desarrollo Económico ajustará el texto para el segundo debate, previsto para el 6 de junio del 2025.
El proyecto, presentado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, aborda dos ejes principales: económico-tributario y penal. Según Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la seguridad es un pilar para fomentar inversión, empleo y turismo. Por ello, el proyecto incluye incentivos para que empresas privadas donen insumos y equipamiento a las fuerzas del orden. La próxima reunión de la comisión, programada para el lunes 2 de junio, recopilará observaciones para perfeccionar el texto antes del segundo debate.
Críticas y respaldos al proyecto de ley
Alfredo Serrano (PSC) expresó el respaldo de su bancada al proyecto, alineado con su promesa de campaña de aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Sin embargo, solicitó mejorar la redacción para evitar ambigüedades y advirtió que las modificaciones a los tres primeros artículos podrían cuestionar la urgencia económica del proyecto. Sobre los allanamientos sin orden judicial, Serrano propuso que los informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) sean revisados por un juez para garantizar legalidad, buscando evitar demandas de inconstitucionalidad.
Por su parte, Jahiren Noriega (Revolución Ciudadana) criticó el proyecto, argumentando que podría encubrir un “velo de impunidad” para instituciones permeadas por el narcotráfico. Aunque coincidió en la necesidad de fortalecer a la Policía y Fuerzas Armadas, rechazó indultos anticipados o regímenes diferenciados para casos de uso indebido de la fuerza, especialmente en comunidades vulnerables. Noriega destacó que su bancada, en un rol de oposición propositiva, presentó disposiciones para contribuir al país, acusando al oficialismo de ver al Estado como un espacio de “caridad” para ahorrar recursos.
Cecilia Baltazar (Ropa) subrayó la urgencia de herramientas legales para combatir la delincuencia organizada, que afecta a emprendedores con extorsiones, como en el sector del calzado en Tungurahua. Instó a legislar para garantizar derechos fundamentales, como la vida, y evitar asesinatos y secuestros. Baltazar destacó la necesidad de fortalecer el sistema judicial, proponiendo jueces sin rostro para proteger a los magistrados y depurar a fiscales comprometidos con la justicia.
La posibilidad de allanamientos sin orden judicial generó controversia
El debate reflejó la complejidad del conflicto armado interno, vinculado a economías ilegales como el narcotráfico. Las reformas penales propuestas buscan agilizar acciones contra el crimen organizado, pero enfrentan cuestionamientos sobre su constitucionalidad. La posibilidad de allanamientos sin orden judicial generó controversia, con propuestas para equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos constitucionales. Además, el proyecto económico-tributario fomenta la colaboración público-privada para equipar a las fuerzas del orden, un punto visto como esencial para reactivar la economía.
Paralelamente, la Comisión de Desarrollo Económico iniciará el análisis de un segundo proyecto urgente sobre innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Evidenciando la carga legislativa para abordar la crisis de seguridad. Las observaciones de las bancadas, desde el respaldo condicionado del PSC hasta las críticas de Revolución Ciudadana y las demandas de Pachakutik por un enfoque estructural, serán clave para definir el texto final. El segundo debate determinará si las reformas logran un consenso que fortalezca la lucha contra el crimen sin vulnerar derechos fundamentales.