La Policía Federal de Brasil desarticuló este miércoles 28 de mayo del 2025, una sofisticada red criminal autodenominada “Comando C4” (Comando de Caza a Comunistas, Corruptos y Criminales). Esta red estaba dedicada al espionaje y sicariato político, con magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) y parlamentarios como principales objetivos. La operación, parte de la séptima fase de la Operación Sisamnes, expuso una organización integrada por militares retirados, oficiales en activo y civiles armados, que operaba con tarifas de hasta 44.000 dólares (250.000 reales) por espiar a un ministro del STF y 26.000 dólares (150.000 reales) por vigilar a un senador. El grupo, que combinaba drones, hackers y métodos violentos, fue descubierto durante una investigación por corrupción judicial iniciada tras el asesinato de un abogado en 2023.

La Operación Sisamnes, supervisada por el STF, comenzó investigando un esquema de venta de sentencias judiciales. Sin embargo derivó en el hallazgo de una red que las autoridades describen como un “grupo de exterminio clandestino”. El Comando C4, liderado presuntamente por el coronel retirado Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, de 62 años, operaba con la estructura de una empresa. Se utilizando drones para seguimientos aéreos, hackers para obtener datos digitales y mujeres como señuelos para comprometer a sus objetivos. Entre los blancos estaba el ex presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien expresó su “repudio ante la gravedad que representa para la democracia que se intimide a autoridades”.

El caso salió a la luz tras el asesinato del abogado Roberto Zampieri en diciembre de 2023, ejecutado con 10 disparos en Cuiabá por un sicario disfrazado de capellán. Los mensajes encontrados en el teléfono de Zampieri revelaron un esquema de corrupción judicial que involucraba a funcionarios de tribunales, incluido el Superior Tribunal de Justicia. Las investigaciones posteriores destaparon las operaciones del Comando C4. Ellos usaban un arsenal con fusiles de francotirador, pistolas con supresores, un lanzacohetes AT-4 y minas explosivas de detonación remota. También se incautaron vehículos con matrículas adulteradas y camionetas adaptadas para francotiradores móviles.

Caçadini, señalado como líder, administraba el canal de YouTube “Frente Ampla Patriótica”, desde donde promovía una intervención militar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Otros implicados incluyen al hacendado Aníbal Manoel Laurindo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Zampieri. Asimismo, Antonio Gomes da Silva, el instructor de tiro Hedilerson Fialho Martins Barbosa y el exsargento Gilberto Louzada da Silva. Este último ofrecía servicios de “consultor de seguridad”. La red también contaba con colaboradores infiltrados en la Secretaría de Ingresos Federales y usaba teléfonos satelitales para comunicaciones encriptadas.

Los códigos que usaban

Las interceptaciones de WhatsApp revelaron códigos como “missão” (misión), “festa” (fiesta) y “reza” (rezo) para referirse a operaciones de eliminación. La composición del grupo, con militares de alta graduación, les proporcionaba conocimientos tácticos y acceso a recursos restringidos. Esto plantea preocupaciones sobre posibles infiltraciones en aparatos del Estado. La retórica de “caza a comunistas y corruptos” conecta con discursos de sectores militares radicalizados durante recientes tensiones políticas en Brasil.

La Operación Sisamnes, bajo secreto judicial desde 2024, ha resultado en cinco órdenes de prisión preventiva. Los detenidos enfrentan cargos por asociación criminal, posesión de armas de uso restringido, homicidio calificado y corrupción judicial. Además, cinco magistrados han sido suspendidos y varios operadores detenidos por el esquema de venta de sentencias. Las autoridades continúan investigando el alcance real de las operaciones del Comando C4 y si lograron ejecutar acciones concretas contra sus objetivos.

El descubrimiento de esta red criminal ha generado alarma por su nivel de sofisticación y la amenaza que representa para figuras clave del sistema judicial y político brasileño. La Policía Federal y el STF trabajan para determinar si existen más conexiones con instituciones públicas, mientras el caso refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y transparencia en el país. La investigación permanece abierta, con nuevos operativos en curso para desmantelar cualquier ramificación del grupo.