La Ley de Integridad Pública abrió la posibilidad de transformar ciertas cooperativas en bancos privados para proteger los ahorros de la ciudadanía y garantizar la estabilidad financiera. Sin embargo, el proceso enfrenta retrasos. Esto porque el Ejecutivo no ha enviado la terna para conformar la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Esta terna será la encargada de emitir las regulaciones en un plazo de tres meses.
Gremios de cooperativas se oponen a la medida y han presentado una acción constitucional. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) debe entregar un informe técnico en un mes, una vez instalada la nueva Junta. Lo que se busca con eso es identificar cooperativas con mayor riesgo sistémico e interconexión financiera, susceptibles de convertirse en bancos.
La ley establece que la junta defina las regulaciones
Freddy Monge, intendente general técnico de la SEPS, señaló en entrevista con Primicias que el cambio no es necesario y abogó por un análisis más profundo. “No es el problema de las cooperativas”, afirmó, destacando que estas entidades, propiedad de sus socios, priorizan el bienestar colectivo, a diferencia de los bancos, que buscan lucro. La Ley establece que la Junta definirá las regulaciones antes de diciembre de 2025.
Sin embargo, el retraso en su conformación, que debía concretarse 30 días después de la publicación de la Ley el 26 de junio, complica el cronograma. El constitucionalista André Benavides confirmó que el plazo ya venció. Mientras tanto, la SEPS avanza en un informe técnico-jurídico, analizando experiencias internacionales para identificar cooperativas de mayor tamaño cuyo deterioro podría afectar al sistema financiero.
Las cooperativas movilizan ahorros y créditos para sus socios
Monge propone fortalecer la gobernanza de las cooperativas mediante capacitación a socios y directivos. También aplicar normas de Basilea para minimizar riesgos crediticios y mejorar la supervisión tecnológica con inteligencia artificial y machine learning. “Hemos actualizado nuestro manual de supervisión basado en riesgos”, indicó.
Los gremios, por su parte, expresan preocupación por la falta de claridad en la aplicación de los cambios, dado que las cooperativas operan con un modelo de socios, no de accionistas. Las cooperativas en Ecuador son un pilar de la economía popular, con más de 600 entidades que movilizan ahorros y créditos para sus socios. La transformación en bancos plantea desafíos legales y estructurales, ya que altera su esencia no lucrativa.
La oposición de los gremios y los retrasos en la conformación de la Junta reflejan la complejidad de implementar esta reforma en el sistema financiero. Los Acuerdos de Basilea son los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.
