La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela expresó este miércoles su «profunda preocupación» por la práctica de recluir «en condiciones de aislamiento e incomunicación» a personas contrarias al Gobierno de Nicolás Maduro, ya que puede ser constitutivo de un delito de desaparición forzada y, por extensión, un crimen contra la humanidad si se realiza de forma sistemática.
Los expertos de Naciones Unidas, que reclaman vigilancia ante la gravedad de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, consideran que existe un «plan deliberado» del «aparato represivo» para silenciar a la disidencia y, al mismo tiempo, «infundir miedo» en el conjunto de la población, con la connivencia de las principales instituciones judiciales y de seguridad.
Un «práctica perversa e ilegal» en Venezuela
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, advirtió que esta «práctica perversa e ilegal» puede constituir un crimen internacional, en un contexto marcado además por la «complicidad» de los tribunales, al asegurar con su inacción «la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los Derechos Humanos».
Naciones Unidas entiende que en Venezuela no existe a día de hoy un verdadero Estado de derecho, como quedaría de manifiesto en el caso de los ‘habeas corpus’. Según la misión, en al menos 20 casos los recursos de este tipo no fueron recibidos, fueron rechazados o no obtuvieron respuesta.
Señalan a la función judicial
Otra de las integrantes de la misión, Patricia Tappatá, señaló que esta «resistencia» del aparato judicial supone «un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y un acto de complicidad», toda vez que «el ‘habeas corpus’ ha salvado vidas y contribuido a la investigación del comportamiento de gobiernos y grupos paraestatales que actúan en la ilegalidad y el secreto».
La misión también aprovechó este último informe para volver a reclamar la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Se trata de una petición que lanzó el martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Persecución política aumentó en Venezuela tras comicios
Desde julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, intensificó la persecución contra opositores políticos, deteniendo a líderes, activistas y menores. Esto tras las elecciones presidenciales cuestionadas por fraude, según organizaciones de derechos humanos.
La organización Foro Penal reportó 1.800 detenciones verificadas tras los comicios del 28 de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro ganador sin publicar actas detalladas. Entre los detenidos figuran adolescentes, periodistas y testigos electorales, muchos acusados de «terrorismo» o «incitación al odio» sin debido proceso. La líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde agosto, denunció la detención de más de 100 menores y condiciones inhumanas en cárceles como El Helicoide.
Escalada represiva postelectoral
El Foro Penal documentó 83 detenciones políticas en 2025, incluyendo un extranjero y 13 mujeres. La represión se intensificó tras protestas por los resultados electorales, con 28 muertos y 200 lesionados, según la Fiscalía venezolana. Organismos como la ONU y la UE han condenado estas acciones, exigiendo la liberación de presos políticos.
Edmundo González Urrutia, candidato opositor, se exilió en España el 8 de septiembre de 2024, tras órdenes de detención por «incitación al odio». Machado, quien ha calificado las elecciones como fraudulentas, permanece oculta, apareciendo puntualmente en protestas. Otros opositores, como Freddy Superlano y Perkins Rocha, fueron detenidos arbitrariamente.
Aislamiento internacional
La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, Brasil y Colombia, no reconoce la reelección de Maduro en Venezuela. El 10 de enero de 2025, solo Cuba y Nicaragua asistieron a su investidura. Cinco opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas fueron liberados en mayo de 2025, en un operativo coordinado con EE. UU.
