La suspensión de la Revolución Ciudadana, ordenada el 6 de marzo de 2026 por el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, provocó una ola de reacciones políticas, jurídicas y ciudadanas en Ecuador. La medida se dictó tras una denuncia presentada por el fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, dentro de una investigación por presunto lavado de activos en el caso denominado Caja Chica.
La suspensión de la Revolución Ciudadana
La decisión judicial de suspender durante nueve meses a la Revolución Ciudadana desató un intenso debate público. Juristas, periodistas y ciudadanos analizaron las implicaciones políticas e institucionales de la medida.
El periodista Fabricio Vela señaló que ciertos hechos en la política ecuatoriana pasan inadvertidos. Según él, existen antecedentes que generan cuestionamientos sobre la independencia institucional.
Vela recordó que en mayo de 2025 Diana Salazar renunció a la Fiscalía y al día siguiente fue designada embajadora de Ecuador en Argentina por el presidente Daniel Noboa.
El periodista añadió otro elemento que considera relevante. Explicó que el gobierno argentino ya había concedido el beneplácito diplomático desde enero de 2024. "Durante 16 meses Salazar siguió actuando como fiscal cuando ya sabía que sería funcionaria del gobierno", sostuvo.
También cuestionó la permanencia del actual fiscal subrogante en el cargo mientras participa en el concurso para la Fiscalía. "Carlos Alarcón busca ser elegido fiscal titular para seis años en el concurso del CPCCS, pero sigue en funciones cuando lo lógico sería apartarse", dijo.
Juristas advierten riesgos
La decisión judicial también generó reflexiones desde el ámbito jurídico. La abogada María de Lourdes Miño alertó sobre los riesgos de trasladar disputas políticas a los tribunales.
"Me reafirmo: la justicia penal, constitucional y electoral no puede ser la arena donde se resuelven los conflictos políticos", expresó.
La jurista añadió que los desacuerdos deben resolverse mediante el voto ciudadano. "Estos conflictos deben resolverse en las urnas, donde es el voto popular el que decide", señaló.
Miño advirtió que la democracia se debilita cuando el sistema político se concentra en una sola fuerza. "Un Estado de partido único difícilmente puede ser democrático", afirmó.
Opiniones y memoria política
El debate también alcanzó a ciudadanos que participaron en discusiones públicas sobre la decisión judicial. Algunos señalaron que los hechos actuales deben analizarse en contexto histórico.
El jurista Pablo Encalada Hidalgo criticó lo que considera una doble moral política frente al poder.
"Esta época de autoritarismo de otro color ha servido para desenmascarar a muchos demócratas por conveniencia", afirmó. Añadió que algunos sectores critican abusos solo cuando afectan a sus aliados.
"Esos que se rasgaban las vestiduras por los abusos de Correa ahora callan o aplauden los de Noboa", señaló.
Otros ciudadanos también recordaron antecedentes políticos. Entre ellos, Rony Pérez, quien mencionó decisiones adoptadas durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Según estos comentarios, en ese período el Consejo Nacional Electoral manejado por el correísmo eliminó partidos como MPD, PRIAN y PRE por incumplimientos de requisitos electorales. Y que previamente los legisladores de esa tendencia lo hicieron posible al hacer cambios legales.
La Revolución Ciudadana, dijo que esta resolución era una persecusión y que ocurría porque Ecuador vive una dictadura.
Para algunos ciudadanos, esos antecedentes muestran que el debate sobre el uso de instituciones en la política ecuatoriana no es nuevo.
