La Fiscalía General del Estado inició este viernes, 13 de junio de 2025, su dictamen acusatorio en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Triple A, celebrada en el Complejo Judicial Quito Norte. La investigación apunta a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y 15 personas adicionales, junto con seis empresas, por el delito de comercialización ilegal de combustible, penado con hasta cinco años de cárcel. El juez anticorrupción Renán Andrade declaró la validez procesal del caso tras rechazar alegatos de nulidad presentados por las defensas. La audiencia, que se extiende hasta el 15 de junio, marca un paso clave en el proceso.
La acusación se centra en contratos firmados entre la empresa Copedesa y Petroecuador, supervisados por Álvarez, que habrían permitido la distribución irregular de combustibles a gasolineras en zonas fronterizas. El fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, sostiene que el diésel subsidiado se desvió a sectores como minería, automotriz e industrial, causando un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas investigadas incluyen Fuelcorp S.A., Corpalubri S.A. y Ternape Petroleum S.A., entre otras, vinculadas a la distribución ilegal.
Álvarez, presente en la diligencia, defendió su inocencia y afirmó que las acusaciones carecen de pruebas, pese a siete pericias realizadas. Su abogado, Ramiro García, cuestionó la gestión del expediente y señaló retrasos en la entrega de información a las defensas. García solicitará el cambio de la medida cautelar, como el uso de un grillete, mientras la Fiscalía podría insistir en prisión preventiva por incumplimientos previos. El alcalde alegó que la denuncia proviene de funcionarios gubernamentales, no directamente del presidente Daniel Noboa.
Polémica entre Aquiles Alvarez y Rafael Correa por defensa legal en caso Triple A
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones en el 2024
El caso, iniciado el 16 de diciembre de 2024 con la instrucción fiscal contra cinco personas y cinco empresas, se amplió el 10 de abril de 2025 al vincular a Álvarez y otras diez personas, además de Harsajudi S.A. La investigación culminó sus 120 días el 10 de mayo, tras lo cual se convocó la audiencia. Andrade dispuso que la Fiscalía presente su dictamen contra los 22 procesados, incluyendo personas naturales y jurídicas, por almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de derivados de petróleo.
Las defensas argumentaron vicios procesales, pero el juez los desestimó esta tarde a las 03:45 PM -05. La audiencia incluye revisión de medidas cautelares para Álvarez y Raúl Orellana, otro implicado. Alarcón destacó la relación entre las empresas y distribuidoras que habrían comercializado combustible de forma irregular, afectando el subsidio estatal.
Implicaciones y próximos pasos
Álvarez insistió en su transparencia, negando cualquier huida pese a las acusaciones. La Fiscalía estima que las irregularidades generaron pérdidas significativas al erario. Las estaciones fronterizas bajo investigación sugieren desvíos sistemáticos. El proceso sigue su curso con atención nacional.
El cronograma reserva los días 13, 14 y 15 de junio para la primera fase. La decisión del juez determinará si el caso avanza a juicio. Las partes involucradas esperan el fallo con expectativa. El caso Triple A sigue generando debate público.
Perspectivas del caso
La audiencia evalúa pruebas y alegatos hasta el domingo. Un fallo favorable a la Fiscalía podría llevar a juicio a los acusados. Las empresas implicadas enfrentan posibles sanciones económicas. El desenlace influirá en la percepción de la lucha anticorrupción.
