"La Corte Constitucional debilita el control sobre jueces y frena inversiones eléctricas", asegura el constitucionalista Diego Paredes

El constitucionalista Diego Paredes, analizó la aplicación del derecho a la motivación en las sentencias judiciales, el control de las actuaciones de los magistrados y las condiciones legales y económicas para la inversión privada en el sector eléctrico en una entrevista con Manavisión Plus. Durante el diálogo, el abogado detalló las implicaciones de los fallos de la Corte Constitucional en la seguridad jurídica y en la administración energética del Ecuador.

-Comencemos con el tema de la ejecución del derecho a la motivación en la justicia ecuatoriana. ¿Se lo está haciendo bien, o se lo está haciendo mal?

A mí me parece que el derecho a la motivación es hoy regresivo. Una sentencia de la Corte Constitucional determinó un nuevo mecanismo que vuelve la argumentación y la obligación de las autoridades mucho más light. Se habla de una motivación mínima y de eso se agarran los jueces de instancias inferiores para aducir que el derecho ha sido cumplido. Esta actuación de la Corte parece encaminada a no aceptar tantas acciones extraordinarias de protección bajo el pretexto de que reciben más de 200 diarias. Esta es la condición sobre la cual la justicia ecuatoriana se fundamenta hoy por hoy para no ejercer un correcto control sobre aquellos jueces que no motivan bien sus sentencias.

-¿Esto también podría ser una especie de deslindarse responsabilidades de la Corte Constitucional?

Sí, por supuesto. El problema es que cuando la Corte Constitucional no ejerce control sobre las barbaridades que habla el 90% de los jueces en el país, garantiza la impunidad. Es fácil darse cuenta cuando un proceso está mal motivado o cuando el juez recibió dinero porque empiezan a escribir barbaridades. La Corte, por no tener mucho trabajo, falta de presupuesto o una mala gestión de su presidencia, no contrata a los asesores necesarios para controlar a todos estos jueces.

-Ahora, en el escenario de complicaciones y amenazas que sufren los jueces y sus familiares, ¿cree usted que la figura de los 'jueces ocultos' podría ayudar?

Creo que para eso está la institucionalidad del Estado. Si un juez se siente muy amenazado, existe la figura de la excusa, pero debe motivarla. Realmente el problema no está en los jueces de primer nivel. Quienes deben tener resguardo son los jueces a partir de la Corte Provincial, la Corte Nacional y la Corte Constitucional, que son los que controlan al resto. No se olvide que existe el principio de doble conformidad; cuando el caso sube a la Corte Provincial se hace efectivo el control, y es ahí donde el Estado debe brindar la protección necesaria.

-¿Qué rol debería jugar el Consejo de la Judicatura en estos casos?

El mayor de todos, porque tenemos fiscales que no acusan cuando deberían y hay que someterlos a una auditoría muy concreta. El Consejo de la Judicatura impone las sanciones, pero debe apoyarse en las decisiones de la Corte Constitucional. Si la Corte no asume un rol coherente en controlar la calidad de las sentencias de todo el país, no estamos en nada. Por eso, el mayor responsable de la debacle judicial es la Corte Constitucional. El derecho a la motivación está muy bien explicado en el artículo 76.7.L de la Constitución, entonces ¿por qué la Corte lo restringe? En la próxima constituyente habrá que prohibirle hacer interpretaciones restrictivas de este derecho, que es la piedra angular de la función judicial.

-Si el Presidente, los ministros y los jueces tienen entes de control, ¿quién fiscaliza a la Corte Constitucional? ¿Qué cambios debe haber?

Al Contralor se lo controla mediante juicio político, pero la Corte Constitucional está rehuyendo de esta suerte de control político argumentando, falsamente, que sentencias internacionales prohíben que los juzguen por sus fallos. Nadie quiere juzgarlos por sus sentencias, sino por sus actuaciones. Por ejemplo: ¿por qué conocen un caso antes que otro o por qué emiten decisiones contrapuestas en procesos idénticos? Al rehuir al juicio político se meten la soga al cuello, porque les van a meter un montón de juicios penales. Para ser juez de la Corte Constitucional se necesita entereza y solvencia bárbara para afrontar un juicio político, y requerimos gente que haya ejercido la profesión para que conozca los problemas reales del país.

-¿Cree usted que en las decisiones y declaraciones de los jueces de la Corte Constitucional priman temas ideológicos?

Por supuesto, la Corte Constitucional se ha transformado en una Corte de Política Constitucional. No hacen una visión objetiva entre los actos y la Constitución; ellos, como dice el profesor Rafael Oyarte, ven "la carita de marchante" y por eso en situaciones análogas toman decisiones diferentes. La Corte tiene que ser reformada para que la integren personas mayores de 60 o 65 años que ya hayan vivido los problemas del Ecuador, y no gente que vaya a usar el puesto para catapultarse intelectualmente en el exterior. Su función es controlar al resto de la función judicial mediante la motivación, no estar haciendo política ni peleándose con las otras funciones del Estado.

-En el caso Apagón, sectores políticos señalan que se omitieron nombres como el de Roberto Luque. ¿Podría existir fraude procesal?

Soy experto en Derecho Público y Constitucional, el tema penal no me gusta mucho por este tipo de cosas. Sin embargo, estamos al inicio del proceso y el proceso penal dura muchos años. Si ahora el fiscal omite investigarlos, muy mal negocio, porque al final del proceso o en la sentencia los jueces de rango superior pueden revisar lo actuado y ordenar directamente a la Fiscalía iniciar un nuevo proceso contra los omitidos. Lo ideal con la motivación debida sería estar dentro para ser exculpado si no se tiene nada que ver. Es una etapa muy inicial y creería que hay que esperar a ver cómo termina.

-Sobre la crisis eléctrica, ¿la Constitución de 2008 realmente prohíbe la inversión privada o los artículos de excepcionalidad sí la permiten?

Más allá de si está habilitado constitucionalmente o de si se hacen buenos términos de referencia, el gran problema del tema eléctrico es que el Estado ecuatoriano es un mal pagador. Ningún inversionista va a venir a meter toda esa cantidad de plata sin una garantía de pago. Lo ideal sería hacer una reforma constitucional que garantice el pago al inversionista en estos sectores estratégicos. El Ecuador tiene un historial de no pago, incluso con sentencias en contra que el Ministro de Finanzas no cumple. Por eso siempre digo: una cosa es ir a los juicios y ganarle al Estado; otra, veamos si te pagan.