La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía de Lavado de Activos por un presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. La indagación se centra en un supuesto aporte de 150.000 soles (unos 36.000 euros) destinado a la campaña de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuando Boluarte era candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre. La investigación, incluye al empresario Eduvigis Beltrán Salinas como investigado. Boluarte deberá declarar el 14 de octubre de 2025.

La pesquisa, liderada por el fiscal Ángel Astocondor, se basa en una reunión celebrada el 19 de mayo de 2021, donde se habría acordado la entrega del dinero para financiar actividades proselitistas.  Según documentos fiscales, el aporte habría sido entregado a Boluarte directamente o a través de su entonces asistente, Marcela Saldarriaga Ortiz. El hecho se habría registrado entre el 19 y el 26 de mayo de 2021, sin descartar la participación de otro intermediario. El empresario Beltrán, por su parte, ha negado cualquier vínculo con Boluarte o la entrega de fondos, afirmando no conocerla personalmente.

Proceso de investigación a presidenta

La indagación forma parte de una ampliación de un caso previo sobre presunto lavado de activos relacionado con la campaña de Perú Libre en 2021. En marzo de 2023, la Fiscalía ya había incluido a Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro en investigaciones por posibles delitos de financiamiento ilícito y organización criminal. En aquella ocasión, las acusaciones surgieron tras declaraciones de Shimabukuro, quien afirmó haber financiado actividades de campaña de Boluarte. Además, una excolaboradora de Castillo, Maritza Sánchez, señaló en el programa Cuarto Poder que tanto Shimabukuro como Beltrán habrían aportado sumas significativas para obtener beneficios estatales. Estas acusaciones fueron desmentidas por la Presidencia, que las calificó como maniobras políticas sin pruebas.

Por otro lado, Marcela Saldarriaga, falleció en agosto de 2023, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar su acta de defunción al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La ausencia de esta testigo clave complica la verificación de los hechos. Sin embargo el Ministerio Público continúa recopilando pruebas para esclarecer el destino del presunto aporte.

Contexto político y legal

La investigación se desarrolla en un contexto de múltiples pesquisas contra Boluarte. Los datos incluyen acusaciones por las muertes durante las protestas de 2022-2023 y presunto encubrimiento en el caso “Cofre”. Sin embargo, a diferencia de otros casos, esta indagación no requiere aprobación parlamentaria, ya que los hechos ocurrieron antes de que Boluarte asumiera la vicepresidencia. Esto limita la posibilidad de que el Congreso, que recientemente archivó una denuncia constitucional contra la presidenta por las protestas, intervenga para protegerla.

La campaña de 2021, ha sido objeto de escrutinio por presuntas irregularidades financieras. Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Castillo, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades. Sin embargo,  ha evitado pronunciarse en detalle sobre las acusaciones hasta su declaración fiscal.

Investigaciones de fiscalía

La Fiscalía de Lavado de Activos, continuará con las diligencias preliminares, que incluyen un análisis patrimonial del período de mayo de 2021.Mientras tanto, el caso mantiene la atención en el sistema político peruano, donde las acusaciones de corrupción y financiamiento irregular siguen marcando la agenda públic