La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por el presunto delito de abuso sexual en el ámbito educativo, tras hechos ocurridos durante un examen de recuperación de Farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, donde también se detectó un presunto caso de fraude académico con dispositivos electrónicos ocultos.

El caso se originó durante la evaluación realizada el 15 de abril de 2026, según consta en un informe de la asignatura de Farmacología Básica I y II al que accedió el medio Primicias. El documento, fechado el 29 de abril de 2026, señala que durante la jornada se identificó una presunta "modalidad de fraude académico inédita" mediante una red de comunicación inalámbrica utilizada para transmitir respuestas en tiempo real.

De acuerdo con el informe universitario, antes del examen se habían difundido disposiciones que prohibían el ingreso de teléfonos, tablets, audífonos, relojes y otros dispositivos electrónicos. El incumplimiento de esa norma implicaba una calificación de cero. Sin embargo, durante la evaluación se encontraron equipos ocultos bajo la ropa de varios estudiantes.

Informe reporta dispositivos y llamadas activas

El reporte indica que el primer hallazgo se produjo cuando se detectó a estudiantes con dispositivos tipo tablet y micrófonos en los corredores. Luego, durante el examen de quinto semestre, se identificaron teléfonos celulares, cables y micrófonos adheridos al cuerpo de algunos alumnos. En uno de los casos, los dispositivos mantenían una llamada activa por WhatsApp y un chat grupal, según el documento.

En total, la asignatura reportó 11 estudiantes identificados en flagrancia de fraude académico: cinco hombres y seis mujeres. Diez pertenecían a quinto semestre y uno a cuarto semestre. Todos recibieron una calificación de cero, conforme a las disposiciones del examen.

El informe también incluye fotografías de los elementos encontrados, entre ellos teléfonos celulares, cables, micrófonos y capturas de pantalla con preguntas compartidas por WhatsApp. Según el documento, la asignatura solicitó a las autoridades de la carrera, la Facultad y la Universidad Central que se ratifique la calificación de cero y se inicie el proceso administrativo correspondiente por fraude académico.

Denuncias por presuntas revisiones invasivas

Paralelamente, dos estudiantes denunciaron que durante las requisas físicas se habrían producido revisiones sin consentimiento y tocamientos en zonas íntimas. Una de ellas, con nombre protegido, afirmó que fue obligada a levantarse la falda, mostrar el brasier y permanecer parcialmente desnuda frente a otras personas. Otra estudiante señaló que fue tocada en el pecho, abdomen y espalda.

La Fundación Ciudadanas del Mundo difundió el 26 de abril de 2026 un pronunciamiento público en el que rechazó las presuntas revisiones invasivas realizadas durante la jornada de evaluación. La organización señaló que estudiantes habrían sido obligadas a desvestirse parcialmente y sometidas a inspecciones corporales.

El informe de Farmacología sostiene, en cambio, que las revisiones se habrían realizado con consentimiento verbal, por personas del mismo sexo y bajo supervisión docente. También señala que intervinieron colaboradores estudiantiles como testigos sociales del proceso. La Fiscalía abrió una indagación previa, que por su naturaleza es reservada, para esclarecer los hechos denunciados, menciona dicho medio.

Contexto legal y proceso pendiente

El presunto delito investigado está relacionado con el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el abuso sexual con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se ejecuta un acto de naturaleza sexual contra la voluntad de una persona, sin que exista penetración o acceso carnal.

La Universidad Central deberá definir, por la vía administrativa, si corresponde aplicar sanciones adicionales a los estudiantes señalados por fraude académico. Según el informe, el estatuto universitario contempla medidas para faltas muy graves, entre ellas la separación definitiva o la suspensión temporal de cuatro períodos académicos.

El caso reúne dos líneas de investigación: por un lado, el presunto uso de dispositivos electrónicos para alterar la transparencia del examen; por otro, las denuncias de estudiantes sobre posibles vulneraciones a su integridad durante las requisas. Hasta que avancen los procesos fiscal y universitario, las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.