Estados Unidos enfrenta un nuevo revés judicial en materia migratoria. Un juez federal de Massachusetts declaró este miércoles la ilegalidad de la política del Departamento de Seguridad Nacional que permite a las autoridades deportar migrantes a terceros países sin notificarles previamente ni darles la posibilidad de objetar. La resolución marca un punto de inflexión en la disputa entre el Poder Judicial y la administración Trump sobre el control migratorio.
El juez de distrito Brian Murphy determinó que "la política de deportación a terceros países (...) es ilegal" y dejó "sin efecto dicha política", con lo que falló a favor de un grupo de extranjeros que presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión representa el tercer choque directo entre Murphy y la administración en este caso específico.
El juez ordena notificación previa antes de toda expulsión
Murphy también estableció que Seguridad Nacional, antes de ejecutar una expulsión hacia un tercer país, debe "solicitar primero la expulsión al país de expulsión designado" por el individuo en cuestión "o al país o países alternativos" que este especifique, así como al país o países de ciudadanía del individuo. Ese requisito de procedimiento apunta directamente al núcleo operativo de la política migratoria de Estados Unidos en la gestión de deportaciones fuera del país de origen.
Al mismo tiempo, los individuos que enfrenten una expulsión a cualquier país "tienen derecho" a una "notificación significativa" previa y a la oportunidad de "presentar una reclamación específica por país contra la expulsión". Esa garantía procesal obliga a las autoridades a modificar los procedimientos de deportación en toda la cadena administrativa.
Estados Unidos: el Gobierno anticipa apelación ante el fallo judicial
La sentencia queda "suspendida hasta quince días" a la espera de apelaciones. El Departamento de Seguridad Nacional respondió en un comunicado recogido por la cadena CBS y recordó que "el Tribunal Supremo ha emitido previamente dos suspensiones de emergencia por separado contra el juez Brian Murphy en este caso, y confiamos en que seremos reivindicados nuevamente". Ese historial refuerza la expectativa de un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Por su parte, la administración de Donald Trump sostuvo que "tiene la autoridad constitucional para expulsar a estos inmigrantes ilegales delincuentes y resolver esta pesadilla de seguridad nacional". La cartera de Kristi Noem reclamó además "su autoridad legal" para "expulsar a los inmigrantes ilegales a un país dispuesto a aceptarlos", lo que anticipa una batalla legal prolongada en los tribunales federales.
La disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de Estados Unidos
El choque entre ramas del poder en Estados Unidos cobra intensidad con cada nueva resolución del juez Murphy. La Corte Suprema ya intervino dos veces con suspensiones de emergencia en este mismo proceso, lo que convierte al caso en un precedente con alcance nacional para la política de deportaciones a terceros países. Cada nuevo fallo amplía el perímetro del debate sobre los límites constitucionales del Ejecutivo en materia migratoria.
El caso expone además la tensión entre las garantías procesales reconocidas a los migrantes y los poderes de expulsión que el Ejecutivo de Estados Unidos reivindica como propios. La resolución de Murphy obliga ahora al Gobierno a definir si apela de inmediato ante la Corte Suprema o acepta de forma transitoria las restricciones impuestas por el tribunal de distrito.
