La ejecución de una medida cautelar sobre la vivienda donde reside la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, provocó cuestionamientos por parte de su esposa, Fiorella Icaza, quien aseguró que la acción afecta directamente a sus tres hijos y a una persona con discapacidad que habita en el inmueble.

El pronunciamiento se realizó este viernes 12 de junio a través de redes sociales, en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con el proceso que enfrenta el burgomaestre.

Cuestionamientos por la ejecución de la medida

Icaza sostuvo que la incautación comenzó mientras los abogados de Álvarez participaban en una diligencia judicial vinculada al caso. Además, afirmó que la medida fue ejecutada pese a que, según su versión, existían solicitudes presentadas por la defensa que aún no habían recibido una respuesta.

En su mensaje público, la esposa del alcalde manifestó que la situación ha generado preocupación y afectación emocional dentro de su entorno familiar. Señaló que los menores continúan enfrentando dificultades para comprender el proceso judicial que involucra a su padre y las consecuencias derivadas de este.

"Mis hijos son niños, no entienden de expedientes, no entienden de oficios, no entienden de medidas cautelares ni de procesos judiciales. Solo entienden que extrañan a su papá", expresó Icaza.

Impacto familiar y contexto del caso

Icaza también indicó que en la vivienda reside una persona con discapacidad que depende de ese espacio para su vida cotidiana. Por ello, pidió que se considere el efecto que las decisiones judiciales pueden tener sobre personas que no forman parte directa de los procesos investigativos.

Asimismo, cuestionó la rapidez con la que se ejecutó la disposición y aseguró que la medida se aplicó pocas horas después de emitirse el oficio correspondiente.

Las declaraciones de Icaza se producen mientras continúan las acciones judiciales relacionadas con el caso que involucra a Aquiles Álvarez. En ese contexto, se han dispuesto medidas cautelares sobre bienes vinculados a la investigación.

Por su parte, la defensa del alcalde ha manifestado previamente su desacuerdo con algunos procedimientos adoptados dentro del proceso y ha señalado que continuará utilizando los mecanismos legales previstos para impugnar las decisiones que considere pertinentes.