El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia financiera. Las cifras muestran una realidad preocupante: los ingresos ya no alcanzan para cubrir el pago de pensiones y la atención médica, mientras las reservas que durante años sirvieron como respaldo comienzan a disminuir.

La situación ha encendido las alarmas entre especialistas en seguridad social, quienes advierten que, si no se aplican reformas estructurales, el sistema podría enfrentar serias dificultades para garantizar el pago de jubilaciones en el futuro.

Francisco Bolaños, experto en seguridad social, sostiene que las reservas económicas del IESS se encuentran muy por debajo de los niveles que deberían existir para asegurar la estabilidad del sistema. Según sus estimaciones, a finales de 2025 las reservas disponibles no llegaban a los 300 millones de dólares, cuando deberían bordear los 10.000 millones para responder adecuadamente a las obligaciones futuras.

El problema afecta a los dos grandes pilares que administra la institución: el seguro de pensiones y el seguro de salud. Ambos enfrentan crecientes dificultades de financiamiento debido al aumento de beneficiarios y a la insuficiencia de ingresos.

Más jubilados y menos recursos

Las proyecciones para 2026 reflejan la magnitud del desafío. El IESS deberá destinar alrededor de 7.500 millones de dólares al pago de pensiones, pero apenas recibirá cerca de 3.400 millones provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

Aunque el Estado transfiriera de manera completa y oportuna el 40 % que le corresponde por ley, equivalente a unos 2.800 millones de dólares, todavía existiría un faltante superior a los 1.200 millones.

Ese déficit obliga a recurrir a las reservas acumuladas en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), una práctica que se ha vuelto recurrente en los últimos años. "El riesgo de que en el futuro no exista dinero suficiente para pagar jubilaciones es cada vez más cercano", advierte Bolaños.

El problema se agrava por el acelerado crecimiento del número de pensionistas. Para 2026 se proyecta que existan más de 840.000 jubilados, casi 55.000 más que en 2025. Si se compara con 2016, cuando había poco más de 403.000 pensionistas, la cifra prácticamente se ha duplicado en apenas una década.

Este crecimiento responde a varios factores. Por un lado, la población vive más años y, por otro, cada vez hay menos trabajadores aportando al sistema en relación con el número de jubilados. A ello se suma la alta informalidad laboral que mantiene fuera del IESS a millones de ecuatorianos.

Expertos como Augusto de la Torre, execonomista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, consideran que el modelo actual se ha vuelto insostenible porque fue diseñado para una realidad demográfica muy distinta a la actual.

Reformas urgentes para evitar una crisis mayor

La preocupación no se limita al fondo de pensiones. El sistema de salud también enfrenta fuertes presiones económicas debido al incremento de usuarios y a los elevados costos de atención.

Bolaños explica que el seguro no cubre únicamente a los afiliados, sino también a cónyuges e hijos, lo que ha incrementado significativamente la demanda de servicios médicos. Además, la falta de capacidad hospitalaria obliga con frecuencia a derivar pacientes a clínicas privadas, generando gastos cada vez más difíciles de sostener.

Ante este escenario, los especialistas coinciden en que las reformas son inevitables. Entre las propuestas analizadas se encuentran aumentar gradualmente los años de aportación, ampliar el período utilizado para calcular las pensiones y revisar los criterios de jubilación para adaptarlos al aumento de la esperanza de vida.

También se plantea fortalecer la afiliación de trabajadores independientes y combatir la informalidad laboral para incrementar el número de cotizantes.

Otra de las observaciones apunta a la inequidad del sistema actual. Mientras algunos jubilados reciben pensiones muy elevadas, otros perciben montos reducidos, generando diferencias que varios expertos consideran difíciles de justificar.

Pese a los diagnósticos y advertencias, el principal obstáculo continúa siendo político. Cualquier reforma implica decisiones impopulares que suelen generar resistencia social y electoral.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que postergar los cambios solo hará que el problema crezca. Hoy todavía existe margen para aplicar ajustes graduales. De no hacerlo, Ecuador podría enfrentar en los próximos años medidas mucho más drásticas o incluso problemas de liquidez que pondrían en riesgo la sostenibilidad de uno de los sistemas más importantes de protección social del país. (10).