Tras la emisión de la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM por parte del Ejecutivo, se ha iniciado un proceso de control sobre las actividades mineras en zonas estratégicas del país. Esta medida, ejecutada por el Ministerio del Ambiente y Energía junto a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), busca garantizar que el aprovechamiento de recursos cumpla con la normativa vigente. La intervención cuenta con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas para asegurar el orden.
Como resultado inicial de este despliegue, las autoridades procedieron a la suspensión de labores en un total de 89 concesiones mineras. A este grupo se suman 54 plantas de beneficio que han cesado sus operaciones temporalmente en las provincias de Napo, Loja y El Oro. El objetivo central de estas inspecciones es la protección de las fuentes hídricas y el fortalecimiento de la conservación ambiental en estas jurisdicciones.
Resultados operativos y decomiso de material mineralizado
Durante la primera semana de vigencia de esta disposición, los operativos han permitido el decomiso de 409 toneladas de material mineralizado en diversos puntos. Estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el avance de grupos delincuenciales que se aprovechan de las actividades mineras al margen de la ley. La ministra Inés Manzano ha señalado que estas intervenciones son fundamentales para la administración responsable de los recursos naturales nacionales.
La gestión gubernamental enfatiza que el control de estos espacios es una prioridad de Estado para salvaguardar la vida en las comunidades rurales. Los operativos no solo buscan sancionar irregularidades, sino establecer un marco de seguridad jurídica y ambiental. El impacto directo en la logística de la minería no autorizada es uno de los indicadores más relevantes presentados por la cartera de Ambiente hasta la fecha.
Avance de las suspensiones en la provincia de Loja
En la provincia de Loja, el avance de las intervenciones sobre las actividades mineras alcanza ya un 46% del total planificado por las autoridades. De un universo de 100 concesiones registradas, se ha hecho efectiva la clausura temporal de 46 de ellas tras las inspecciones técnicas. Este proceso se realiza de manera paulatina para verificar que cada unidad productiva cumpla con sus obligaciones legales mínimas.
El despliegue en el sur del país responde a una planificación estratégica que busca auditar el manejo de los suelos y el agua. Las autoridades de control han reiterado que las suspensiones se mantendrán hasta que se garantice la sostenibilidad de los procesos extractivos. La meta es alcanzar la revisión total del catastro minero en esta zona para prevenir la degradación innecesaria de los ecosistemas locales.
Situación técnica en las provincias de Napo y El Oro
La provincia de Napo presenta el mayor porcentaje de ejecución en el control de las actividades mineras, alcanzando un 84% de avance. En esta región amazónica, se han suspendido 43 concesiones de un total de 51, lo que evidencia una intervención exhaustiva en el área. Por otro lado, en El Oro, el enfoque se ha centrado en las plantas de beneficio, logrando la suspensión de 54 establecimientos.
Este registro en El Oro representa el 51% de las 105 plantas de beneficio contabilizadas en la provincia por la ARCOM. El seguimiento institucional asegura que todas las infraestructuras dedicadas al procesamiento de minerales operen bajo estrictas normas de seguridad. La presencia de las fuerzas del orden garantiza que las decisiones administrativas se cumplan de forma efectiva y sin contratiempos en los territorios intervenidos.
Requisitos obligatorios para la reanudación de actividades
Para que los titulares de las concesiones y plantas puedan retomar sus actividades mineras, deberán cumplir con requisitos técnicos estrictos. Es obligatoria la presentación de planes de acción y manejo ambiental que detallen las medidas de mitigación de impacto. Estos documentos deben ser entregados al Viceministerio de Ambiente y Marino Costero para una validación minuciosa antes de cualquier reapertura.
La revisión de estos planes asegura que la operatividad futura sea respetuosa con el entorno y las comunidades circundantes. No se permitirá el reinicio de labores sin que exista una certificación oficial que avale la capacidad de gestión ambiental de la concesión. Este mecanismo administrativo busca elevar los estándares de cumplimiento y transparencia en todo el sector productivo relacionado con la extracción.
Política interinstitucional para la conservación de ríos
El Gobierno Nacional ha establecido con la que busca el cuidado de los ríos frente a las actividades mineras desreguladas. Esta labor interinstitucional involucra a múltiples entidades del Estado para frenar la minería ilícita y proteger la integridad de los habitantes. La protección de los ecosistemas en las comunidades amazónicas y del sur es el eje central de la estrategia vigente.
Las autoridades han confirmado que los operativos continuarán de forma progresiva hasta completar el 100% de la inspección en cada provincia. La vigilancia permanente en las zonas intervenidas busca evitar la reincidencia en prácticas que afecten el patrimonio natural del país.
