El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) imputó formalmente este miércoles 20 de mayo de 2026 al expresidente cubano Raúl Castro por los presuntos delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
La acusación formal ante la justicia federal responde de manera directa a la muerte de cuatro aviadores civiles pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate, un incidente ocurrido hace exactamente 30 años en el espacio aéreo cercano a la isla caribeña y que ha permanecido bajo investigación jurídica de las autoridades norteamericanas.
Los cargos criminales fueron radicados contra Raúl Castro en los tribunales correspondientes a la corte federal del Distrito del Sur de Florida. El pliego acusatorio señala directamente a Raúl Castro de haber emitido la orden de ataque cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Raúl Castro habría ordenado hasta asesinatos
De acuerdo con los documentos judiciales oficiales, la instrucción derivó en el derribo en 1996 de dos avionetas civiles desarmadas, en cuyo interior se transportaban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un ciudadano cubano que contaba con la residencia legal permanente en el territorio de los Estados Unidos.
La difusión pública de esta severa acusación formal, que ya se encuentra totalmente disponible en línea para la consulta ciudadana, trascendió apenas momentos antes de la comparecencia pública del fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche.
Dicha rueda de prensa gubernamental fue programada de manera estratégica en las instalaciones de la Torre de la Libertad de Miami, un monumento histórico considerado un símbolo fundamental del exilio de origen cubano.
Asistencia humanitaria de balseros en el mar
Los integrantes de estas organizaciones comunitarias en el estado de Florida han solicitado activamente al presidente estadounidense, Donald Trump, la presentación de estos cargos criminales para elevar la presión diplomática internacional contra el actual Gobierno de La Habana.
El suceso de 1996 generó en su momento una condena generalizada de los organismos de aviación civil internacional, debido a que las naves de Hermanos al Rescate realizaban misiones de búsqueda y asistencia humanitaria de balseros en el mar.
Con esta medida legal, la Fiscalía estadounidense busca establecer un precedente punitivo definitivo. La imputación técnica de cargos contra el exmandatario añade un nuevo capítulo de fricción legal, financiera y política en las complejas relaciones bilaterales entre ambas administraciones americanas, en un escenario donde las familias de las cuatro víctimas directas de la acción militar han demandado justicia y reparación civil.
