Ecuador. Verónica Abad denuncia al juez Wilson Ortega por el presunto delito de prevaricato
Verónica Abad, vicepresidenta, denunció al juez Wilson Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un presunto delito de prevaricato, tras una posible suspensión ilegal de sus derechos políticos.
Este 21 de marzo de 2025, Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, denunció al juez Wilson Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por el presunto delito de previcariato ante la Fiscalía General del Estado. La denuncia surge a raíz de una posible suspensión ilegal de sus derechos políticos en el marco de un proceso judicial que aún está pendiente de resolución.
a denuncia presentada por Verónica Abad contra el juez Ortega se da en un contexto de controversia política. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) había programado para este viernes la resolución del recurso de apelación interpuesto por Abad, quien impugnó una sanción que la acusó de violencia política de género. La denuncia fue presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, y Ortega fue el encargado de emitir la sanción que implicaba una multa de 30 salarios básicos unificados (equivalentes a 13 mil 800 dólares) y la suspensión de derechos políticos por un período de dos años.
Abad, a quien sancionó el juez Ortega, recurrió a la apelación, argumentando que la suspensión de sus derechos políticos no se encuentra permitida por la Constitución. La vicepresidenta publicó en sus redes sociales que la potestad de imponer tal medida no está amparada por la norma constitucional. En este sentido, Abad consideró que la resolución tomada por Ortega estaba fuera de lugar y no tenía validez legal.
Verónica Abad reaccionó tras diferimiento de una audiencia
El pleno del TCE debía resolver la apelación de Abad este viernes, pero la audiencia se difirió, posiblemente para el lunes próximo. Esto significa que la suspensión de sus derechos políticos no está en firme, ya que se debe esperar una decisión definitiva por parte de los jueces. El recurso podría resultar en una ratificación de la sanción, una modificación de la misma o incluso la absolución de la vicepresidenta. Los plazos legales apuntan a que la resolución final podría tomarse antes del 28 de marzo.
El artículo 279 del Código de la Democracia establece que las infracciones como la violencia política de género se resuelven de acuerdo con los procedimientos establecidos, y la apelación de Abad se encuentra en ese marco.
