Ecuador. Cada 17 horas asesinaron a una mujer durante el 2024
Los crímenes a mujeres han aumentado en los dos últimos años en Ecuador. Manabí es una de las provincias con más casos, donde 15 mujeres han sido asesinadas este año.
Hace casi 11 años, en Ecuador se tipificó el femicidio, que es el asesinato de una niña, adolescente a adulta, por ser mujer. El responsable puede recibir una pena de hasta 26 años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador (COIP).
Legislación existe, sí, pero no parece suficiente. En una década, en el país se registran 2.735 femicidios y otras muertes violentas de mujeres, según un informe del Consejo de la Judicatura, que revela las cifras de agosto de 2014 a octubre de 2024 (ver gráfico).
Desde entonces, el número de este delito se ha multiplicado por seis. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, 514 mujeres más fueron asesinadas por diversas razones en el país, según datos del Consejo de la Judicatura.
Con esta cifra oficial, y haciendo un sencillo promedio matemático, el resultado alarma: en Ecuador matan a una mujer cada 17 horas. Guayas con 228 casos, Los Ríos con 56 y Manabí 52 casos, concentran el 65,4% de las víctimas.
Los crímenes a mujeres aumentaron en los últimos años en Ecuador
De los 514 víctimas en el 2024, 430 fueron fueron muertes violentas y 84 fueron por femicidio. Es decir, las mujeres fueron asesinadas por su esposo o pareja. Un año antes, en el 2023, las víctimas fueron más: 603 en total, de ellas, 111 fueron por femicidio.
En el 2022, en cambio, se contabilizaron 424 mujeres asesinadas a escala nacional, lo que refleja un aumento del 42,2 % y el 21,2 % en los dos últimos años.

“Esto es aún un desafío estructural que requiere una respuesta urgente. El 65 % de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia de género”, explica Lizi Ernst, presidenta de la Coalición de Mujeres del Ecuador, en declaraciones a El Diario.
El dolor se perpetúa. Porque el 44 % de las mujeres asesinadas tenía hijos e hijas, o estaban embarazadas (un 6%). “Matan a una madre, una hija, una hermana. Es un dolor que se vuelve eterno para los familiares y, sobre todo, para los huérfanos”, explica Lita Martínez, del Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de las Mujeres (Cepam).
Para las activistas, hay que alzar la voz constantemente. Es la diferencia entre la impunidad y la justicia. “Denunciar siempre y exigir sanciones es la vía para frenar cualquier abuso. Y decir nunca más. No vamos a parar hasta detener este atroz delito, hasta que no asesinen más a ninguna mujer”, recalca Martínez.
Este año, los crímenes a mujeres no han parado. El último reporte del Consejo de la Judicatura, revela que entre el 1 al 26 de enero, 136 mujeres han sido asesinadas a escala nacional. Guayas concentra el mayor número de casos con 71, seguido de Manabí con 15 y Los Ríos con 13. Esta vez, las tres provincias concentran el 72,8 % de los casos.
De los 15 casos en Manabí, seis se han registrado en Manta, tres en Montecristi, dos en Jipijapa, dos en Sucre, uno en Portoviejo, y otro más en Tosagua.
En Ecuador, más de 130 menores quedaron huérfanos en el 2024, tras los asesinatos de sus madres
En el 2024, 131 niños y niñas quedaron huérfanos: sus madres fueron asesinadas y, en algunos casos, sus padres se suicidaron, tras cometer el femicidio, según el reporte de la Judicatura. Son menores que quedan a cargo de abuelas, tías o algún familiar, pero que no reciben ayuda estatal.
De allí, que la Asamblea Nacional, el 28 de mayo de 2024, aprobó por unanimidad (128 legisladores presentes) una Ley que obliga la reparación integral a familiares de víctimas de femicidios. Esto incluye no sólo hijos, sino también las madres de las víctimas que suelen quedarse a cargo de sus nietos.
La norma se llama: Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por Razones de Género. Los asambleístas recibieron comentarios de organizaciones sociales y familias de las víctimas.
La ley ordena al Ministerio de Educación y a la Senescyt otorgar becas y ayudas económicas a hijos huérfanos. Además, la norma insta a que el Estado dé acceso gratuito a servicios sociales integrales, incluyendo atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como asesoramiento y apoyo.
Allen Panchana/Carlos Sánchez