Ecuador. Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció penalmente al ministro de Gobierno, José de la Gasca, por expresiones deshonrosas
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció al ministro de Gobierno, José de la Gasca, por presuntas expresiones que atentan contra su honor.
Álvarez, presentó el 19 de marzo una denuncia penal por declaraciones que afectarían su dignidad. La ingresó en la Corte Nacional de Justicia, donde se asignó el caso al juez Julio César Inga. El conflicto surge tras comentarios del ministro José de la Gasca publicados en diario El Universo, el pasado 22 de febrero, donde calificó al alcalde de Guayaquil como “Rataquiles“.
El enfrentamiento entre Álvarez y De la Gasca se intensificó en el último mes. La disputa inició tras la vinculación del alcalde en el caso Triple A, una investigación sobre presuntas irregularidades en la comercialización de derivados del petróleo. En este contexto, De la Gasca declaró a la prensa que “el único interés del Gobierno es destapar casos de corrupción y evitar la impunidad, algo que no entiende el alcalde Rataquiles”.
La denuncia de Aquiles Álvarez se sustenta en el COIP
La demanda presentada por Aquiles Álvarez se sustenta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que establece sanciones de 15 a 30 días de prisión y multas por declaraciones que causen descrédito o deshonra a una persona. Según el ordenamiento jurídico, estos delitos se consideran contravenciones penales de cuarta clase.
La denuncia ingresó en la Corte Nacional de Justicia, ya que el ministro José de la Gasca cuenta con fuero de Corte. El juez Julio César Inga determinará los siguientes pasos del proceso.
Además, el ministro de Gobierno impulsó en la Asamblea un proyecto de ley denominado “Talón de Aquiles”, cuyo objetivo es combatir las tácticas dilatorias en los juicios. Este nombre fue interpretado por el entorno del alcalde como un ataque personal.
Hasta el momento, José de la Gasca no ha emitido declaraciones sobre la denuncia en su contra. Sin embargo, en entrevistas previas defendió su postura, afirmando que el Gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción y que las acciones judiciales en su contra no lo distraerán de su labor.
