La legisladora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Diana Jácome, cuestionó públicamente que el Estado ecuatoriano desembolse $ 1.400 mensuales a favor del asambleísta Juan Andrés González, integrante del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), bajo el concepto de bono por residencia. El señalamiento surge en el marco de un pedido emitido por el juez de la sala penal, Marco Aguirre Torres, quien solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jácome para iniciar un juicio penal por supuesta calumnia, impulsado por el legislador González.
Según la postura de Jácome, mientras ella cumple con sus funciones asistiendo regularmente a la comisión y al pleno de la Asamblea Nacional de lunes a viernes, su colega González mantiene su curul vacía. La legisladora precisó que González se encuentra fuera del país, específicamente en España, y no ha participado en las sesiones del pleno desde el pasado 25 de marzo, siendo reemplazado frecuentemente por su alterna, Katherine Pucha.
Cuestionamientos a la gestión y fondos públicos
Diana Jácome enfatizó que su labor se centra en la presentación de proyectos de ley y no en "shows políticos". En este sentido, planteó una interrogante sobre la pertinencia de que el Estado continúe cubriendo un rubro económico destinado a vivienda en Quito para un funcionario que no reside en la capital. Jácome criticó que, pese a las acciones legales interpuestas por González —incluyendo una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y una demanda en la Corte Nacional—, el legislador no haya priorizado su participación presencial en las sesiones legislativas ni su labor de representación por la provincia de Loja.
Asimismo, Diana Jácome puso en tela de juicio el rendimiento legislativo de su par, asegurando que durante el actual periodo, próximo a cumplir un año de gestión, González no ha presentado proyectos de ley de forma independiente. Esta afirmación busca contrastar su propio desempeño legislativo, el cual, según afirma, se ha enfocado en la obtención de resultados concretos y la atención directa a las necesidades de los sectores más vulnerables del país.
Defensa legal y próximos pasos
Ante el proceso judicial en curso, Diana Jácome anunció que ejercerá su defensa estrictamente en el marco legal. Argumentó que cuenta con las pruebas necesarias, las cuales ya fueron presentadas ante el CAL, donde sostiene haber demostrado que sus intervenciones en el pleno se mantuvieron dentro de los límites estrictos del debate legislativo.
Jácome ratificó que continuará enfocada en su gestión dentro del legislativo, subrayando que su compromiso con la ciudadanía se refleja en la aprobación de proyectos impulsados desde su comisión. La controversia permanece bajo análisis de las autoridades judiciales, mientras el debate sobre la asistencia y la ética en el uso de los recursos públicos sigue generando tensiones significativas en el parlamento ecuatoriano.
