La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un presunto delito de rebelión que, según una denuncia presentada por sectores afines a la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), se estaría gestando en la Asamblea Nacional. El objetivo sería impedir que la asambleísta Annabella Azín, electa con la mayor votación y legalmente designada para presidir la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo 2025-2029, dirija dicha sesión el 14 de mayo, trasladando esa atribución a un legislador de la Revolución Ciudadana.
La denuncia, basada en el artículo 336, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala que esta maniobra violaría la seguridad jurídica. Debido a que intentaría bloquear la reunión válida del pleno legislativo, paralizando la designación de autoridades y la constitución formal de la Asamblea Nacional.
Detalles de la denuncia
La acción legal solicita el allanamiento y decomiso de dispositivos electrónicos en la presidencia de la Asamblea y su dirección jurídica, además de requerir al Consejo Nacional Electoral la certificación de los resultados de las votaciones nacionales para confirmar la prelación de Azín. Según el documento, durante la última semana de abril de 2025 se habrían realizado reuniones en las oficinas de la presidencia legislativa, donde se presionó al Departamento de Asesoría Jurídica para emitir un informe que avale la apelación de la presidencia provisional de la sesión del 14 de mayo.
Esta apelación buscaría reemplazar a Azín, quien debe presidir la sesión como la asambleísta con mayor respaldo electoral. De concretarse, la sesión carecería de legitimidad, lo que suspendería la instalación del Parlamento y la conformación de sus órganos.
La Constitución, en su artículo 123, establece que la Asamblea Nacional debe instalarse el 14 de mayo del año de su elección sin necesidad de convocatoria. Este mandato es reforzado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, la denuncia advierte que las presiones para que la Asesoría Jurídica emita un informe favorable a un legislador de la Revolución Ciudadana constituyen una violación de estas normas. El posible delito de rebelión agravada sería sancionado con 7 a 10 años de prisión, según el COIP.
Este delito, tipificado como un atentado contra la estructura del Estado, afectaría la estabilidad del régimen democrático y el funcionamiento de la Función Legislativa. Los responsables serían altos funcionarios legislativos, quienes tienen el deber de garantizar el orden constitucional.
Implicaciones de la investigación
La Fiscalía deberá determinar si existió una concertación ilícita o abuso de autoridad para frustrar la instalación de la Asamblea. De confirmarse, los actos denunciados podrían derivar en la nulidad de la sesión del 14 de mayo, generando un precedente grave para el funcionamiento legislativo. La investigación también analizará si las reuniones reportadas constituyen una conducta típica que ponga en riesgo el orden democrático.
km
