El Gobierno de Ecuador oficializó, mediante el Decreto Ejecutivo 424, el reconocimiento de un conflicto armado interno en el país y estableció nuevas medidas para fortalecer la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales.
La disposición incluye mecanismos de cooperación internacional, la posibilidad de otorgar beneficios legales a quienes participen en operaciones relacionadas con el conflicto y un llamado a la Asamblea Nacional para que analice eventuales amnistías.
Medidas enfocadas en el decreto
El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa, dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúen ejecutando acciones para enfrentar a grupos considerados una amenaza para la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de la población.
Como parte de esa estrategia, el documento autoriza la recepción de apoyo internacional para reforzar las capacidades del Estado en las operaciones de seguridad.
Además, establece que el personal extranjero que participe en acciones de cooperación estará sujeto a las inmunidades contempladas en los acuerdos internacionales vigentes.
Entre las disposiciones incluidas también figura la facultad presidencial para conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que intervengan en actividades relacionadas con el conflicto armado interno.
Exhorto al Legislativo y cambios normativos
El Decreto 424 también solicita a la Asamblea Nacional que evalúe la posibilidad de conceder amnistías en casos vinculados con actuaciones desarrolladas en el marco del conflicto armado interno, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la ley.
Asimismo, la normativa deja sin efecto los decretos ejecutivos 111, 218 y 55, que habían sido emitidos anteriormente dentro de las acciones gubernamentales relacionadas con la seguridad.
Conflicto armado interno
La figura de conflicto armado interno fue aplicada por primera vez por el Gobierno en enero de 2024, tras una serie de hechos violentos atribuidos a grupos de delincuencia organizada.
Desde entonces, el Estado ha sostenido que estas estructuras representan una amenaza para la seguridad nacional, lo que ha derivado en la adopción de estados de excepción, despliegues militares y otras acciones enfocadas en el combate al crimen organizado.
