La reciente decisión del gobierno colombiano de ampliar a más de 190 los productos ecuatorianos gravados con un tributo del 50% ha encendido las alarmas en el sector productivo nacional. Tras la publicación de un nuevo decreto este 2 de marzo de 2026, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) manifestó su profunda preocupación por la estabilidad comercial de la región. El gremio advierte que, mientras el país intenta resolver sus problemas de inseguridad, la imposición de nuevos aranceles entre Ecuador y Colombia asfixia al aparato productivo que sostiene la economía formal en las zonas fronterizas.
Según las estimaciones iniciales presentadas en una rueda de prensa conjunta con el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, el impacto económico es devastador. Actualmente, el riesgo potencial de esta escalada en los aranceles entre Ecuador y Colombia representa pérdidas de al menos 25 millones de dólares cada mes. No obstante, Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, subrayó que si se concreta el gravamen del 50% para la mitad de la oferta exportable, el perjuicio financiero podría triplicarse rápidamente, alcanzando cifras que comprometen la viabilidad de cientos de empresas.
Alerta por pérdidas económicas millonarias
El flujo normal de mercancías es vital para mantener la paz social y el orden en las provincias que colindan con el vecino país. Cuando el comercio formal se debilita por el endurecimiento de los aranceles entre Ecuador y Colombia, se genera un vacío peligroso que no queda desocupado, sino que es tomado por la informalidad. Esta situación fomenta directamente el contrabando y permite que las economías ilegales ganen terreno en territorios donde el Estado ya lucha contra grupos delictivos organizados, complicando el panorama de control territorial.
La preocupación no es solo macroeconómica, sino profundamente humana, pues afecta a miles de familias que dependen de la cadena de valor de las ventas externas. Se estima que existen 40.000 empleos directos vinculados a la logística, producción y comercialización que dependen de la estabilidad de los aranceles entre Ecuador y Colombia. Estos puestos de trabajo representan un patrimonio social construido durante décadas, el cual ofrece una opción sostenible de ingresos para ciudadanos que, de perder su sustento, podrían verse tentados o presionados a involucrarse en actividades de carácter ilícito.
El empleo formal bajo amenaza constante
Los sectores más golpeados por esta medida bilateral pertenecen fundamentalmente a los ámbitos alimentario y manufacturero, pilares de la industria nacional. Para ilustrar la gravedad, se mencionó el caso de una empresa manufacturera de la sierra centro que emplea a 1.500 colaboradores y cuyo mercado principal es el colombiano. Debido a la nueva estructura de los aranceles entre Ecuador y Colombia, esta compañía se enfrenta a una carga de costos adicional del 36%, lo que la deja totalmente fuera de competencia frente a otros proveedores internacionales que no sufren estos recargos.
La calidad y la cercanía logística del producto ecuatoriano habían permitido mantener una posición privilegiada en las perchas colombianas a pesar de la competencia. Sin embargo, con un arancel que llega al 50%, el prestigio acumulado no es suficiente para compensar la brecha de precios impuesta por la política arancelaria. Los representantes del sector exportador insisten en que los aranceles entre Ecuador y Colombia actúan como una barrera insalvable que destruye líneas de negocio enteras que tardaron años en consolidarse y que hoy están al borde de la desaparición total.
Desafíos de competitividad en el mercado vecino
En cuanto al tema de la protección ciudadana, los exportadores son plenamente conscientes de que la complejidad de la situación actual requiere medidas contundentes. No obstante, recalcan que las barreras impuestas a través de los aranceles entre Ecuador y Colombia no son el camino para desarticular al crimen organizado. Por el contrario, debilitar a las empresas que operan bajo la ley solo debilita la estructura formal del Estado. Una estrategia conjunta de seguridad es lo que realmente podría frenar el flagelo de la violencia en la frontera común.
Para pasar de la protesta a la propuesta, el sector empresarial anunció la creación e instalación de una Mesa Nacional de Seguridad en los próximos días. En este espacio participarán los principales sectores de exportación y se ha invitado formalmente a las autoridades del bloque de seguridad. El objetivo es que la virtuosidad de la actividad productiva sirva para encaminar acciones de formalización frente a la crisis de los aranceles entre Ecuador y Colombia, buscando alternativas que permitan enfrentar la inseguridad sin destruir la economía formal que sostiene al país.
Propuesta de seguridad y diálogo diplomático
Esta iniciativa busca identificar soluciones técnicas que permitan proteger la carga y a los trabajadores en las rutas comerciales más críticas. El compromiso del sector privado es activo y propositivo, buscando siempre reforzar el tejido social mediante el trabajo digno. Ante la escalada de los aranceles entre Ecuador y Colombia, el gremio considera que la cooperación técnica es la única vía para evitar que el vínculo comercial histórico entre ambas naciones se rompa definitivamente por decisiones políticas unilaterales que afectan a los ciudadanos de a pie.
Gremios empresariales realizaron un llamado urgente para retomar el diálogo al más alto nivel diplomático y político entre las autoridades de Quito y Bogotá. Es imperativo que se revisen los aranceles entre Ecuador y Colombia para evitar un daño irreversible a la integración andina y a la estabilidad regional. Los exportadores esperan que la voluntad política prevalezca para encontrar un acuerdo que priorice el crecimiento económico y la paz, permitiendo que la producción nacional siga siendo el motor de desarrollo frente a las amenazas externas e internas.
