Dos jueces de la Corte Constitucional enfrentan cuestionamientos sobre sus declaraciones patrimoniales tras un examen especial de la Contraloría General del Estado habría identificado montos sin justificar y derivó los informes a la Fiscalía. Los resultados aún no han sido notificados oficialmente a los magistrados, pero fueron difundidos por un medio de comunicación.
El análisis involucraría a Alí Lozada, juez desde 2019 y expresidente del organismo, y a José Luis Terán, designado en marzo de 2025. Ambos participaron como ponentes en fallos que declararon inconstitucionales las leyes de Solidaridad e Integridad Pública, impulsadas por el Gobierno como parte de su estrategia frente a la inseguridad.
Según la información publicada, los exámenes de Contraloría revelarían inconsistencias en los movimientos financieros y evolución patrimonial de ambos funcionarios. Los documentos habrían sido enviados a la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades.
Contraloría habría detectado montos no justificados
En el caso de Lozada, la Contraloría analizó siete declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo entre 2020 y 2025. El organismo identificó valores no justificados por más de $25.700, incluidos depósitos en cuentas locales y en el extranjero, especialmente en una entidad bancaria de Chile.
El informe también señalaría un incremento patrimonial superior a 302.000 dólares en ese mismo periodo, así como inconsistencias como la omisión de una cuenta activa, diferencias en registros de bienes y falta de respaldo en aportes a un fondo de pensiones fuera del país.
De acuerdo con el documento, las diferencias se concentran en recursos disponibles en el sistema financiero, donde parte de los depósitos no cuenta con documentación suficiente que respalde su origen.
Juez Alí Lozada responde y cuestiona filtración de informe
Tras la difusión del contenido, Lozada reaccionó públicamente y aseguró que no ha sido notificado formalmente. "Exijan al señor contralor que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio un informe que no me ha notificado", escribió.
El magistrado calificó el hecho como grave y cuestionó la actuación del organismo de control. Además, defendió la legalidad de sus ingresos y restó importancia a los hallazgos.
"Verán que me señalan por montos ridículos y por razones ridículas. La nota deja claro que he justificado documentalmente todo, pero a la Contraloría le faltan papeles o sellos", afirmó en otro mensaje.
Tensión política e institucional
El informe de Contraloría también incluiría observaciones sobre el juez José Luis Terán, en cuyo caso se habría detectado inconsistencias superiores a 70.000 dólares, además de supuestas omisiones en cuentas bancarias y activos.
La entidad indicó en un comunicado que no entregó la información al medio que la publicó y reiteró que estos procesos tienen carácter reservado. También sostuvo que su labor no responde a presiones políticas.
Sin embargo, la Contraloría no confirmó la autenticidad de los documentos difundidos ni precisó si existe un informe con indicios de responsabilidad penal en firme.
Las investigaciones coinciden con un escenario de tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional, que se ha intensificado desde 2025. Actualmente, el tribunal analiza una acción contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones, un proceso que mantiene en alerta al sistema político nacional.
