El concejal Adrián Pazmiño advirtió que el cerro de Montecristi presenta afectaciones ambientales derivadas de la instalación de un radar militar, un proyecto que, según explicó, se ejecuta desde 2021 sin contar con licencia ambiental, registro formal ni procesos de consulta previa a la ciudadanía.
Detalló que esta intervención se planteó inicialmente sobre una extensión de 2,1 hectáreas, pero con el paso del tiempo se ha ampliado significativamente, alcanzando cerca de 9,8 hectáreas, lo que evidencia una expansión mayor a la prevista en el diseño original.
De acuerdo con lo expuesto en entrevista con Manavisión Plus, esta ampliación no solo ha implicado la ocupación de más territorio, sino también la apertura de al menos cuatro vías dentro del área intervenida, lo que ha incrementado la presión sobre un ecosistema que calificó como frágil. En este contexto, señaló que los trabajos han generado deslizamientos de tierra visibles tanto en la parte frontal del cerro como en sectores colindantes con comunidades, situación que ha despertado preocupación por posibles riesgos mayores.
Cuestiona entrega de permisos y control ambiental
Pazmiño enfatizó que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del Ministerio de Ambiente sobre el estado actual del proyecto ni sobre las condiciones en las que se otorgaron los permisos para su ejecución. Indicó que esta entidad, responsable de supervisar el uso de áreas protegidas y bosques, no ha presentado informes técnicos que permitan conocer el alcance real de la intervención ni las medidas de mitigación adoptadas.
Además, cuestionó que la ciudadanía no haya sido informada ni consultada antes del inicio de las obras, lo que, a su criterio, vulnera procesos fundamentales en proyectos de este tipo. Si bien reconoció la importancia de iniciativas vinculadas a la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, sostuvo que estas deben ejecutarse bajo parámetros técnicos y ambientales claros, evitando impactos negativos en el entorno.
Comunidades afectadas por deslizamientos
El concejal detalló que las principales afectaciones se concentran en las comunidades de Toalla Grande y Toalla Chica, donde aproximadamente 1.600 familias han visto comprometido su acceso al agua debido a los daños generados en la zona. Explicó que los deslizamientos de tierra han provocado el taponamiento de pozos y la rotura de tuberías que abastecían históricamente a estas poblaciones.
Esta situación ha obligado al Municipio de Montecristi a implementar medidas emergentes, como la distribución de agua mediante tanqueros, con el fin de reducir el impacto en los habitantes, dijo el concejal. Sin embargo, Pazmiño señaló que estas acciones son temporales y no resuelven el problema de fondo, ya que las fuentes naturales de agua han sido alteradas y requieren procesos de recuperación más complejos.
Restricción de acceso y complicaciones
Otro de los puntos señalados por el edil es la restricción total de acceso al área intervenida, debido a que el terreno fue entregado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana bajo un comodato por 50 años que abarca alrededor de 630 hectáreas. Esta condición ha impedido que los comuneros puedan ingresar para realizar labores básicas de mantenimiento, como la limpieza de pozos, la reparación de tuberías o la recuperación de vertientes.
Pazmiño indicó que desde el inicio del proyecto se plantearon alternativas técnicas para ubicar el radar en otros sectores del cantón, argumentando que estos sistemas pueden operar a diferentes alturas sobre el nivel del mar sin afectar su funcionalidad. Sin embargo, estas propuestas no fueron consideradas, y la intervención se mantuvo en el área actual.
Asimismo, recordó que el cerro cuenta con protección legal, al haber sido declarado bosque protector en 1996 y reconocido como patrimonio natural del país en 2008, lo que, según señaló, debería implicar mayores niveles de control y conservación. En esa línea, cuestionó el decreto presidencial que permitió la entrega del área, al considerar que entra en conflicto con disposiciones constitucionales.
Posibles causales para revertir el proyecto
El concejal manifestó que el comodato suscrito para el uso del terreno contempla cláusulas que podrían dar paso a su terminación en caso de incumplimientos, como el mal uso del bien o la falta de ejecución del proyecto en los plazos establecidos. En ese sentido, indicó que el radar aún no se encuentra operativo.
Añadió que existen antecedentes que refuerzan estos cuestionamientos, como el siniestro ocurrido poco después de la instalación del sistema, que generó pérdidas económicas y dejó el proyecto en pausa. Este hecho, sumado a las afectaciones ambientales, ha incrementado las dudas sobre la viabilidad y manejo del proyecto.
Pedido de inspección y remediación
Frente a este escenario, Pazmiño informó que se han presentado solicitudes formales ante el Ministerio de Ambiente para que se realicen inspecciones técnicas en el área intervenida. El objetivo es verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el comodato y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.
Además, señaló que el Comité de Defensa del Cerro de Montecristi, conformado en 2021, ha impulsado acciones para exigir no solo evaluaciones técnicas, sino también procesos de remediación ambiental que permitan recuperar las zonas afectadas y restituir los servicios básicos en las comunidades.
Preocupación ciudadana y falta de diálogo
El concejal sostuvo que, aunque en los primeros años del proyecto hubo una fuerte movilización ciudadana, la falta de espacios de diálogo y respuesta por parte de las autoridades ha debilitado la participación de la población. No obstante, aseguró que la preocupación persiste y se mantiene visible en distintos espacios, especialmente por el impacto en el acceso al agua y los riesgos asociados a los deslizamientos.
Finalmente, reiteró la necesidad de establecer canales de comunicación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la ciudadanía, con el fin de encontrar soluciones que permitan compatibilizar los objetivos de seguridad con la protección del entorno natural y el bienestar de las comunidades afectadas.
