La Comisión Prodefensa del Cerro Montecristi ofreció una rueda de prensa el lunes 8 de marzo de 2026 en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, para informar sobre afectaciones ambientales y comunitarias en el Cerro Montecristi, vinculadas a trabajos realizados para la instalación de un radar militar y a un comodato de 9,91 hectáreas otorgado a las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Denuncias del comité ciudadano
Durante el pronunciamiento público, el abogado Gonzalo Quijije Anchundia, integrante del comité, explicó que los trabajos relacionados con la instalación del radar comenzaron en 2021, cuando personal militar ingresó al cerro para ejecutar intervenciones en la zona.
Según el vocero, el proyecto contemplaba la instalación de un radar en la cima del cerro, infraestructura que fue destruida el 7 de noviembre de 2021, solo 11 días después de iniciar operaciones para detectar narcoavionetas. Nueve militares de la FAE fueron sentenciados a más de nueve años de cárcel por sabotaje al no proteger el equipo. El radar sigue sin funcionar y no ha sido reparado, a pesar de la disponibilidad de fondos del seguro.
Quijije señaló que el comité ha seguido un proceso jurídico para cuestionar las intervenciones en el área natural. Explicó que el caso llegó hasta la Corte Constitucional del Ecuador, que el 30 de octubre de 2025 resolvió desestimar una acción extraordinaria de protección presentada por los accionantes.
Comodato y situación legal
De acuerdo con los integrantes de la comisión, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica entregó en noviembre de 2024 un comodato de 50 años a las Fuerzas Armadas para el uso de 9,91 hectáreas dentro del cerro, cuya superficie total supera las 500 hectáreas.
Los representantes del comité indicaron que el contrato establece causales para su terminación, entre ellas incumplimiento de las cláusulas, uso indebido del área o falta de cumplimiento de los objetivos del proyecto en el plazo establecido. Durante la rueda de prensa también se explicó que el acuerdo contemplaba permitir el ingreso de personal militar, brindar asesoramiento técnico y ejecutar las obras vinculadas al proyecto del radar.
Afectaciones denunciadas por autoridades locales
El concejal de Montecristi Adrián Pazmiño señaló que las preocupaciones ciudadanas sobre la intervención en el cerro se han manifestado desde el año 2021, cuando comenzaron las primeras actividades en el área. Pazmiño mencionó que entre las afectaciones reportadas se encuentran deslizamientos de tierra, daños en tuberías y dificultades en el acceso al agua en la comunidad Toalla Grande, ubicada en las laderas del cerro.
También indicó que el cerro cuenta con varias figuras de protección ambiental y patrimonial. Según explicó, el área fue declarada bosque protector en 1995 y posteriormente reconocida como patrimonio natural en el país. El concejal añadió que el acceso de comuneros al cerro y a fuentes de agua ha sido restringido debido a la presencia militar en el sector, situación que, según afirmó, ha sido planteada en sesiones del concejo cantonal.
