Caso Ligados. Fiscalía pide arresto domiciliario y grillete para Eduardo Franco; y otras medidas a una consejera y dos exconsejeros del CPCCS
En medio del Caso Ligados, la Fiscalía solicitó que cuatro miembros y exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sean llamados a juicio por presunta asociación ilícita, en un caso que podría impactar la política ecuatoriana.
El fiscal subrogante Wilson Toainga pidió este sábado 15 de marzo, en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, que los ciudadanos Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz sean llamados a juicio por su presunta participación en una red de influencia dentro del CPCCS para favorecer a un sector político.
Fiscalía fundamenta acusación con pruebas digitales
Durante la audiencia, el fiscal Toainga indicó que el CPCCS “se convirtió en la sede de un partido político”, con el objetivo de influir en instituciones clave del Estado. Para sustentar su acusación, presentó pruebas extraídas de dispositivos electrónicos decomisados a Augusto Verduga en un allanamiento realizado el 24 de enero.
Entre los hallazgos, según la Fiscalía, habría mensajes y documentos que evidenciarían estrategias para colocar aliados en instituciones económicas y judiciales y dilatar procesos electorales hasta las presidenciales de 2025.
Caso Ligados: medidas cautelares solicitadas
El fiscal Toainga también pidió medidas cautelares contra los procesados en el Caso Ligados. Para Eduardo Franco Loor, solicitó arresto domiciliario debido a sus recientes intentos de salir del país; también uso de grillete electrónico. Para Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y la consejera Yadira Saltos, solicitó:
- Prohibición de salida del país
- Presentación periódica semanal ante la justicia
- Congelamiento de cuentas bancarias
Las presentaciones iniciarán 72 horas después del comienzo de la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días.
Vínculos con la Revolución Ciudadana
Según la investigación del Caso Ligados, los acusados habrían mantenido contacto con la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa. Esto con la intención de controlar designaciones clave en la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Uno de los casos mencionados es el intento de designación de Raúl González como superintendente de Bancos, a pesar de que el nombramiento de Roberto Romero von Buchwald ya había sido aprobado y solo faltaba su oficialización en la Asamblea Nacional.
Elementos del presunto delito en Caso Ligados
Los cuatro procesados fueron señalados como autores directos del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma establece que:
“Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con penas privativas de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”
La Fiscalía también sustentó la acusación con base en el artículo 278 del COIP, que define la responsabilidad de quienes cometen una infracción de manera directa e inmediata.
Próximos pasos en el proceso
El juez de la causa evaluará si existen suficientes elementos para llamar a juicio a los acusados. En caso de que el proceso avance, podría derivar en una sentencia que implicaría penas de tres a cinco años de prisión.
Este caso, denominado “Ligados”, sigue en investigación y podría revelar más detalles sobre la presunta trama de influencia dentro del CPCCS.
