El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, solicitó a un juez que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas por el presunto delito de peculado en el caso Apagón, también conocido como caso Progen.

Entre los llamados a ser procesados figuran Fabián Calero, exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), y Antonio Goncalves, exministro de Energía. El caso investiga los contratos suscritos en 2024 entre Celec y la empresa Progen Industries LLC para la incorporación de 150 megavatios térmicos en las centrales de Quevedo (50 MW, Los Ríos) y El Salitral (100 MW, Guayas), que no entraron en operación.

La Contraloría General del Estado determinó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 100 millones por los pagos realizados a Progen (USD 70 millones para El Salitral y USD 30 millones para Quevedo).

Investigación y allanamientos

La Fiscalía realizó allanamientos en Quito y Samborondón, incluyendo las viviendas de Fabián Calero y Antonio Goncalves, así como oficinas de Termopichincha, Empresa Eléctrica Quito, Cenace, Celec y Electroguayas.

Los primeros allanamientos se ejecutaron en julio de 2025. Roberto Luque, actual ministro de Infraestructura y Transporte, quien fue ministro encargado de Energía durante el inicio de la crisis eléctrica, no forma parte de la lista de personas a ser procesadas.

Luque rindió versión ante la Fiscalía y, a través de sus redes sociales, informó que tras más de 60 versiones recabadas y revisiones de su patrimonio por parte de la UAFE, SRI y otras entidades, no se encontraron indicios de irregularidades en su contra.

Contexto de la crisis eléctrica

El caso Apagón tiene su origen en la grave crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024, caracterizada por extensos apagones. El 16 de abril de 2024, Roberto Luque declaró mediante acuerdo ministerial la emergencia en el sistema eléctrico, lo que permitió a Celec realizar contrataciones directas.

Posteriormente, en junio de 2024, Fabián Calero declaró emergencia en Celec y autorizó los procesos de contratación. Los contratos con Progen, por un valor total de USD 149,1 millones, contemplaban el pago del 70% contra presentación de documentos técnicos. Los generadores debían operar en noviembre de 2024, pero nunca lo hicieron.

Acciones del Gobierno

El Gobierno ecuatoriano demandó a Progen Industries en Estados Unidos por incumplimiento contractual. La investigación de la Fiscalía se centra en los pagos realizados pese a que los equipos no cumplieron con las especificaciones contractuales, según el informe de la Contraloría.

La Fiscalía no ha detallado públicamente los nombres completos de las 21 personas, aunque confirmó que entre ellas se encuentran Calero y Goncalves, además de otras 19. El proceso continúa en la etapa de investigación previa y busca determinar responsabilidades penales por el presunto peculado en el manejo de recursos públicos durante la emergencia eléctrica.