La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció la presentación de un nuevo pedido de juicio político contra la exministra Inés Manzano. La acción está relacionada con el contrato firmado entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM), que ha sido cuestionado por presuntas irregularidades durante su ejecución.
El anuncio fue realizado este 17 de junio por la asambleísta Mónica Palacios, quien señaló que la exfuncionaria tendría responsabilidad política por decisiones adoptadas en torno a un contrato que, según afirmó, implicó un desembolso superior a los USD 71 millones durante la emergencia energética que atravesó el país en 2024.
Cuestionamientos al manejo del contrato
De acuerdo con un comunicado difundido por la Revolución Ciudadana en su cuenta de X, el contrato con ATM habría generado un perjuicio económico al Estado. La organización política sostiene que se realizaron pagos pese a existir observaciones sobre el cumplimiento del acuerdo y que no se atendieron recomendaciones formuladas por organismos de control.
Durante su pronunciamiento, Palacios aseguró que los equipos adquiridos correspondían a motores fabricados en 2016 y que no coincidían con las especificaciones técnicas requeridas para operar dentro del sistema eléctrico nacional.
Según indicó, mientras Ecuador enfrentaba extensos cortes de energía, se destinaron recursos públicos a equipos que no habrían podido integrarse adecuadamente a la red.
La legisladora también afirmó que Manzano conocía los inconvenientes relacionados con el contrato y, aun así, se habrían efectuado desembolsos a favor de la empresa.
Además, mencionó la existencia de audios que, a su criterio, evidenciarían instrucciones para evitar explicaciones detalladas sobre el tema durante comparecencias ante la Asamblea Nacional.
Nuevo frente de fiscalización
Palacios señaló que este proceso surge luego de que un anterior juicio político impulsado por la Revolución Ciudadana contra Manzano, relacionado con el caso Progen, no avanzara en la Comisión de Fiscalización.
Según la asambleísta, la nueva solicitud busca que se determinen posibles responsabilidades políticas derivadas del contrato con ATM.
