El propietario de un medio digital decidió cerrarlo definitivamente y abandonar Ecuador. Esto, luego de recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo periodístico.
La historia fue revelada inicialmente por Ecuavisa, que recogió el testimonio del comunicador, cuya identidad permanece en reserva por razones de seguridad.
Recibió amenazas por su trabajo periodístico
Según el reportaje, el periodista, identificado con el nombre ficticio de "Carlos", dirigía un medio de comunicación local que publicaba investigaciones sobre política y crimen organizado. Las intimidaciones comenzaron con advertencias, pero posteriormente escalaron hasta convertirse en amenazas directas de muerte contra él y su entorno familiar.
El comunicador relató que incluso cambió de domicilio para intentar protegerse, pero las amenazas continuaron. Finalmente tomó la decisión de cerrar el medio y salir del país, después de que personas vinculadas a las intimidaciones empezaran a buscar a familiares y amigos para ubicarlo. También aseguró que, pese a denunciar los hechos, perdió la confianza en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Un problema recurrente en Ecuador
El cierre de este medio ocurre en un contexto de creciente violencia contra la prensa de Ecuador.
De acuerdo con la Fundación Periodistas Sin Cadenas, al menos 20 periodistas han debido abandonar Ecuador durante los últimos tres años para proteger su vida, mientras otros optaron por dejar definitivamente la profesión.
La directora de esa organización, Susana Morán, advirtió que el fenómeno no solo afecta a quienes ejercen el periodismo, sino también al derecho ciudadano a recibir información.
Según explicó, varios comunicadores que dejaron las salas de redacción ahora trabajan en actividades completamente distintas, como transporte, agricultura o emprendimientos particulares, debido al temor generado por las amenazas.
La situación también ha sido advertida por Reporteros Sin Fronteras (RSF). La organización documentó cuatro casos de amenazas de muerte contra periodistas únicamente entre enero y febrero de 2026, una cifra superior a la registrada durante todo 2025 en sus reportes.
Las intimidaciones estuvieron relacionadas con investigaciones sobre crimen organizado, corrupción local y presuntas irregularidades en la administración pública.
Entre los casos expuestos por RSF constan los de periodistas que recibieron amenazas tras publicar reportajes sobre grupos criminales, presuntas irregularidades en la venta de tierras y denuncias ciudadanas. En varios episodios las intimidaciones también alcanzaron a familiares de los comunicadores, obligándolos a cambiar de residencia o mantener en reserva su ubicación.
Asesinatos, amenazas y autocensura
El escenario de riesgo también ha sido documentado por el portal GK, que advierte que los asesinatos representan la forma más extrema de violencia contra la prensa, aunque no la única.
El medio recopiló casos de periodistas asesinados, exiliados y amenazados durante los últimos años, en un contexto marcado por el fortalecimiento del crimen organizado y el incremento de la violencia en el país.
En marzo de 2026 fue asesinado el periodista Jorge Cuesta Castro, mientras que durante 2025 se registraron los homicidios de comunicadores como Patricio Aguilar, Fernando Álvarez y Xavier Ramos, entre otros casos que permanecen bajo investigación para determinar si tienen relación con su labor informativa.
Paralelamente, varios reporteros han optado por abandonar sus ciudades o salir del país después de recibir amenazas relacionadas con investigaciones periodísticas. Entre los casos documentados figuran periodistas que cubrían violencia, corrupción, contratación pública, minería ilegal y actividades del crimen organizado.
El Consejo de Comunicación también ha reportado un incremento de agresiones contra trabajadores de la prensa, mientras organizaciones nacionales e internacionales insisten en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de protección previstos en la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo, varias organizaciones han señalado que dichos mecanismos continúan enfrentando limitaciones operativas y presupuestarias.
