La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) alertó este 25 de junio de 2026 sobre un incremento de amenazas dirigidas contra jueces, fiscales, servidores judiciales y complejos judiciales en Ecuador.
La organización advirtió que estos hechos afectan la independencia de la Función Judicial y pidió respuestas coordinadas del Estado. Además, solicitó al Consejo de la Judicatura la instalación de una Mesa Nacional de Seguridad para atender la situación.
Preocupación institucional
La entidad señaló que la escalada de amenazas no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que ha venido afectando a operadores de justicia en distintas provincias.
Enb su comunicado, también recordó que esta situación incluye ataques previos y hechos violentos que han generado preocupación en el sector judicial y en instituciones vinculadas al sistema de justicia.
Antecedentes de seguridad en la Función Judicial
En el mismo pronunciamiento, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces explicó que durante los últimos meses ha presentado alertas reiteradas sobre el riesgo que enfrentan quienes integran la Función Judicial.
Según la organización, las medidas adoptadas hasta el momento no han logrado reducir de forma suficiente las amenazas ni garantizar condiciones estables para el trabajo judicial en el país.
Frente a este escenario, la organización informó que pidió formalmente al Consejo de la Judicatura la creación inmediata de una Mesa Nacional de Seguridad.
El objetivo es coordinar acciones entre instituciones, definir responsabilidades y dar seguimiento permanente a los compromisos relacionados con la protección de jueces, fiscales y demás servidores judiciales.
Pedido de coordinación institucional
En su pronunciamiento, la AEMAJ subrayó que la seguridad de quienes administran justicia es clave para mantener el funcionamiento del sistema judicial y el acceso a la justicia en el país.
Finalmente, la Asociación reiteró que la protección de los operadores de justicia no debe postergarse y que requiere acciones concretas y sostenidas.
Asimismo, insistió en que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la justicia y atender de forma prioritaria los riesgos reportados por el sector judicial.
