La Asamblea Nacional aprobó este 30 de junio de 2026 el allanamiento al veto parcial presentado por el presidente Daniel Noboa al proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). La decisión se tomó en el Pleno, luego de un debate entre oficialismo y oposición sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y las competencias de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

La sesión fue dirigida por el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, quien dio por concluido el debate después de seis intervenciones, al considerar que el tema había sido ampliamente tratado antes de las votaciones. De los 151 legisladores, 139 estuvieron presentes.

En la primera votación, el Pleno acogió el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad. La moción obtuvo 80 votos a favor, 53 en contra y cinco abstenciones. Los cambios se ajustaron al dictamen emitido por la Corte Constitucional y abarcaron los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28.

La Asamblea también aprobó el veto por inconveniencia

Después, la Asamblea resolvió allanarse a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo. La decisión incluyó modificaciones a los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25 y 37, además de la disposición transitoria cuarta.

La segunda votación registró 82 votos afirmativos, 49 negativos y ocho abstenciones, con lo que quedaron aceptados los cambios propuestos por el Ejecutivo dentro del proceso legislativo.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente del informe, Lucía Pozo, de Acción Democrática Nacional (ADN), explicó que las reformas fueron elaboradas tras un análisis técnico con expertos, urbanistas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Pozo sostuvo que los cambios buscan fortalecer la autonomía de los GAD, promover la inversión privada en vivienda y reducir trámites administrativos que, según dijo, dificultan la construcción de viviendas y la legalización de tierras. También rechazó las críticas de la Revolución Ciudadana y afirmó que las reformas permitirán agilizar los procedimientos municipales.

Posturas enfrentadas entre ADN y Revolución Ciudadana

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), el asambleísta Xavier Lasso recordó que su bloque cuestionó varias disposiciones durante el trámite legislativo. Señaló que el dictamen de la Corte Constitucional confirmó parte de esas observaciones relacionadas con la autonomía municipal.

Lasso afirmó que el veto presidencial evitó la vigencia de normas que calificó como inconstitucionales. Además, sostuvo que todavía permanecen disposiciones sobre proyectos inmobiliarios estratégicos que, según manifestó, podrían reducir controles para determinados desarrollos urbanísticos. También criticó la conducción del proceso legislativo.

Por su parte, el asambleísta independiente Cristian Benavides respaldó el allanamiento. Explicó que varias de las disposiciones observadas fueron planteadas para fortalecer los controles sobre municipios con deficiencias en la planificación territorial y prevenir riesgos para la población.

Benavides también lamentó que la Corte Constitucional eliminara la posibilidad de que la Superintendencia brindara asistencia técnica a los gobiernos locales, porque, a su criterio, esa facultad habría permitido corregir errores antes de imponer sanciones.

Debate sobre autonomía y control territorial

La legisladora Patricia Núñez, de Revolución Ciudadana, sostuvo que la reforma mantiene mecanismos que concentran atribuciones en el Gobierno central. Indicó que persisten normas relacionadas con proyectos estratégicos nacionales de vivienda, los plazos para permisos municipales y el manejo de información territorial.

En la parte final del debate, el asambleísta de ADN Juan José Reyes defendió las reformas y expresó: "Claramente esta autonomía no está funcionando como debería. Esta autonomía, de libertad, se ha convertido en libertinaje y claramente quien sufre es el pueblo ecuatoriano".

Con estas resoluciones, la Asamblea Nacional concluyó el tratamiento del veto parcial al proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, incorporando las observaciones derivadas del dictamen de la Corte Constitucional y las objeciones planteadas por el Ejecutivo.